Quedan cuotas por pagar: la marginal representación política de las mujeres

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Seguimos ubicándonos entre los países con más bajos niveles de participación parlamentaria de las mujeres en América Latina y el Caribe. Tras la elección parlamentaria de 2014, si bien la Cámara alta duplicó la presencia de las mismas (de 4 senadoras electas en 2009 a 9 en las elecciones 2014), la de Representantes aumentó de 14 diputadas electas en 2009 a 16 en 2014, en un total de 99 representantes electos-as (16% de la cámara baja). Esto no solo evidencia los límites de la ley como instrumento electoral, sino las resistencias a nominar a las mujeres en lugares de “elegibilidad” en las listas partidarias en competencia (en primer y segundo lugar en departamentos con dos y tres diputados en juego, a modo de ejemplo).

La ley 18.476, más conocida como “ley de cuotas”, declara “de interés general la participación equitativa de personas de ambos sexos en la integración del Poder Legislativo, de las Intendencias Municipales, de las Juntas Departamentales, de las Juntas Locales Autónomas de carácter electivo, de las Juntas Electorales y en los órganos de dirección de los partidos políticos”. Establece que en las elecciones de las autoridades antedichas, las listas o nóminas de candidateables deben alternar personas de ambos sexos en cada terna. En otras palabras, de cada tres personas nominadas (sean titulares o titulares y suplentes según el sistema de suplencias) deben aparecer al menos un hombre o una mujer.

Si a esto sumamos el hecho de aplicación de la ley por un único período electoral en las elecciones parlamentarias -esta ley rige desde las elecciones internas del año 2009, y las elecciones internas, nacionales y departamentales de los años 2014 y 2015, respectivamente- cabe preguntarse y cuestionar las posibilidades reales de que el Uruguay avance hacia una sociedad más equitativa entre los géneros en la cual la representación política de las mujeres sea equivalente a la de los hombres. Por ello, la creación de mecanismos orientados a garantizar una mayor equidad de género en la participación política debería ser una prioridad en la futura agenda pública. Es claro que una acción afirmativa de este tipo no genera cambios culturales profundos aplicándose una sola vez.

Avanzar hacia una representación política paritaria no es únicamente un asunto que habla de la calidad de nuestra democracia. Es antes y fundamentalmente, una cuestión de justicia social asociada a la necesaria construcción de cimientos que garanticen el acceso en igual medida de hombres y mujeres a espacios de toma de decisión y de poder.

La histórica discriminación hacia las mujeres en sus múltiples formatos tanto visibles como invisibles y la naturalización de un reparto históricamente desigual de roles y oportunidades pautada por estereotipos de género (entre otros) en diversos aspectos de la vida privada y pública, han llevado a los organismos internacionales que salvaguardan los derechos humanos, a la inclusión expresa de los derechos de las mujeres y la estipulación de un conjunto de medidas que aseguren la no discriminación a las mujeres y la generación de mecanismos que garanticen su participación mínima en los espacios de toma de decisión política.

En este marco, la Convención Contra Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer prevé -y así también lo expresan las recomendaciones de su Comité Monitor a Uruguay (2008)1- la aplicación de las llamadas medidas especiales de carácter temporal (MECT), cuyo fin es el de acelerar la igualdad de oportunidad y trato entre hombres y mujeres, y cuya aplicación debe cesar una vez alcanzado este objetivo.

Entre las MECT, las leyes de cuotas han sido internacionalmente los principales instrumentos legislativos que, de manera progresiva, aseguran una mayor participación y representación política de las mujeres. La aplicación de este instrumento por una única vez, no solo hace una errónea interpretación a estas recomendaciones, sino que subestima la necesidad normativa hacia el logro de la equidad.

Además, la ley de cuotas aplicada en la pasada elección ha demostrado que, dada la utilización minimalista de parte de la mayoría de los sectores políticos, no alcanza para asegurar una representación de siquiera un tercio de mujeres en cada cámara. En la cámara de senadores, dada la poca cantidad de listas, varias listas obtuvieron 3 y más bancas, razón por la cual se pudo alcanzar cerca de un tercio de participación de mujeres senadoras. Pero en la Cámara de Diputados, salvo en los departamentos de Montevideo y Canelones, cada lista obtuvo solamente 1 banca, y por lo tanto, la elección de mujeres quedó librada a la voluntad política de cada sector de ponerlas en el primer lugar de cada lista. Solamente 3 diputadas mujeres fueron electas en estos departamentos.

 

¿Qué estado y qué política queremos en relación a la equidad de género?

El Estado como garante de derechos humanos, de equidad y justicia social debe asegurar, en el más amplio sentido, el ejercicio pleno e integral de los mismos para alcanzar el desarrollo individual y colectivo de la población en la que se sitúa. Alcanzar una participación equitativa entre hombres y mujeres en los asuntos de la vida pública, requiere una normativa que se proponga logros mucho más profundos en su tiempo de aplicabilidad y en los formatos que propone para asegurar, en definitiva, la elegibilidad de las mujeres en los cargos de decisión electivos. También podríamos sentarnos a esperar que los cambios ocurran por sí solos, despreciando la potencialidad de las leyes u otros instrumentos y medidas susceptibles de ser implementados por el Estado para acelerar y viabilizar cambios sociales.

Nuestro país no solo ha presentado dificultades para homologar el derecho internacional ratificado al ejercicio de estos derechos a nivel nacional -y por lo tanto a las políticas y prácticas que se promueven en este plano, si bien en los períodos de gobierno del FA se ha avanzado en varios frentes que hacen a los derechos de las mujeres-, sino también para erradicar las lógicas y dinámicas partidarias preexistentes: partidos con poca participación de mujeres, o partidos con equitativa participación de mujeres en su interna pero con poca oportunidad para su participación en ámbitos de decisión y cargos de conducción.

Es por ello que en el Ir consideramos que la paridad en la participación política de hombres y mujeres debe ser un fín en sí mismo. Como práctica de participación colectiva, la inclusión del criterio de paridad en los órganos de toma de decisión, así como en la nominación de las hojas de votación en competencia electoral, asegura que las mujeres accedan de hecho (o aumenten sus posibilidades de acceder) a lugares de toma de decisiones y cargos de conducción, y se encuentren en lugares de elegibilidad en la contienda por cargos electivos.

Ante los resultados electorales recientes, la paridad se nos presenta como requisito electoral fundamental hacia la equidad de género. Únicamente un sistema que obligue a nominar alternadamente hombres y mujeres, mujeres y hombres, podrá en definitiva romper con mayor ímpetu el estancamiento que la representación femenina presenta en ámbitos políticos como el Parlamento. Por eso, durante el próximo período legislativo deberíamos promover y lograr el compromiso político y social para la consecución de una ley de cuotas que exija la paridad de género (50 y 50) por varios ciclos electorales.

 

Notas a pie:

1. http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21717/1/3_recomendaciones_cedaw_08.pdf

 

Referencias: Ley 18.476. (2009). Parlamento de la República Oriental del Uruguay.