Frente Amplio, amigo: media pila

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Tenemos muchas dudas sobre de qué hablamos cuando hablamos de “renovación”. Es más, no sabemos muy bien si está bien que usemos ese término. Es que se habla tanto de renovación y nos queda tan poco claro de qué se trata. En general, termina hablándose de recambio de personas. Sin dudas que esta es una dimensión que nos importa y mucho, pero creemos que no abarca ni agota todos los movimientos -de cabezas, de personas, de género, de edades, de sensibilidades y hasta de estilos- que el FA necesita hacer. Por eso, sea o no “renovación” la palabra más útil, sí sabemos una característica que tiene que tener: debe ser radical, en términos de ir a la raíz de las cosas.

Nos preguntamos, como ejercicio, por qué el FA necesita renovarse o transformarse radicalmente. Nos acordamos de Benedetti con esa frase que plantea que “cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”. En nuestro caso, muchas de las preguntas cambiaron porque el FA ayudó a responder las anteriores, en un mundo que también cambió sus preguntas. Por ejemplo, Uruguay ya no se pregunta si es un país viable. Hoy sabe que lo es, que puede ser un país productivo, con niveles de indigencia y pobreza bajísimos. Pero sí se pregunta cómo hacer para convivir menos violentamente, o cómo democratizar una educación que debe cubrir no solo a aquellos que siempre fueron sujetos de derecho, sino a aquellos que empezaron a serlo desde 2005.

Por tanto, necesitamos respuestas a nuevos problemas. Seguramente la producción teórica anterior aportará elementos fundamentales para pensar posibles cursos de acción. Pero otro importante aporte de esos grandes pensadores es que no hay recetas preestablecidas que sustituyan el riguroso y sesudo análisis de la realidad en la que se va a tratar de incidir. Así, es necesario recurrir sí a cosas que nos aporten pistas, pero también y sobre todo es necesario tener coraje para soñar con un país distinto basado en nuevas y diferentes soluciones. La imaginación y la audacia resultan, por tanto, un acto de responsabilidad hacia el país y la vida de los y las uruguayas. Estamos obligados a ser audaces e imaginativos porque estamos obligados a aportar soluciones.

Bajando un poco a tierra, cuando nos planteamos cómo renovar, creemos que la pista debe venir desde la política y la ideología. Ese tipo de respuestas que necesitamos podrá ser apoyado por la ciencia y, por ejemplo, la gestión, pero estarán en el campo de la política y la ideología. Por tanto, debemos politizar e ideologizar nuestros debates. Aun en la izquierda, teniendo claro que la construcción de la unidad no pasa por la minimización de las diferencias internas -políticas e ideológicas- sino por la habilidad para llegar a síntesis colectivas. Son la política y la(s) ideología(s) las que pueden ayudarnos a saber cómo y por dónde caminar.

Nos preguntamos también quién o qué debe renovarse o transformarse radicalmente. Y estamos cerca de estar absolutamente convencidos de que el producto del ejercicio serán nuevos acuerdos colectivos. Es decir que el FA debe poner sobre la mesa sus acuerdos, discutirlos y generar nuevos, con más o menos elementos provenientes de los anteriores. Aunque planteamos que hay que ideologizar nuestros debates, esto no implica que llegaremos a acuerdos ideológicos: sabemos que al FA lo unieron y lo unen acuerdos programáticos. Por tanto, discutamos desde nuestras ideologías para acordar nuevas líneas estratégicas.

De lo anterior se desprende que lo único pasible de ser renovado es el colectivo, el Frente Amplio. Es así que es una tarea de toda la fuerza política emprender este viaje. Naturalmente, no debemos esperar a que todos soplen por igual la vela para que el barco navegue, sino que estamos dispuestos a soplar mucho, todo lo que nos sea posible, para que el Frente se transforme radicalmente, pero estamos convencidos de que en el barco debemos estar, cada vez más, todos y todas. Por eso le decimos al FA (y por tanto nos decimos, dado que este sayo nos lo ponemos sin dudar) media pila, estar a la altura de nuestro pueblo nos obliga a transformarnos.

A modo de post data: No hablamos aquí de la renovación generacional. Es verdad que la juventud es una cuestión de cabeza. Lo sabemos y actuamos en consecuencia. Los y las jóvenes, por tanto, no son garantía de renovación. Sin embargo, creemos que son una condición necesaria para transformarnos. Y creemos dos cosas más: que cuanto más rápido incluyamos a los y las jóvenes, menos habrán envejecido. Y que aun siendo igual de pacatos y tradicionales que los veteranos, los y las jóvenes tienen derecho a participar, a discutir y a decidir.

¿Un ciudadano culto o una ciudadanía cultural?

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El enfoque en las políticas culturales nacionales por parte de blancos y colorados correspondía a una mirada sesgada en beneficio de algunos actores culturales específicos. Una cultura de las elites para las elites. Como mucho, una cultura (una única Cultura, formada por los “bienes genuinamente culturales”, como dice el programa de Lacalle) de tradiciones “for export” estereotipadas, que nada tenía que ver con las necesidades cotidianas de la gente y sus múltiples identidades culturales.

Con la asunción del Frente Amplio, buena parte de las iniciativas llevadas por la Dirección Nacional de Cultura (DNC) buscaron desterrar aquellos preconceptos y estereotipos. Al mismo tiempo, se asumió desde un inicio la mediación entre los diferentes agentes que componen el diverso campo cultural nacional: creadores, comunidad académica, medios de comunicación, empresas privadas, sociedad civil y el propio Estado.

A lo largo del periodo hubo un aumento constante y significativo del presupuesto. A continuación vemos un gráfico del aumento del presupuesto general de la DNC en el primer gobierno1:

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(en 2009 $ 35.573.228 son aportes de terceros ejecutados por la

Dirección Nacional de Cultura mediante acuerdos y convenios internacionales)

Actualmente, la DNC cuenta con más de 150 millones de pesos, entre inversiones, salarios y gastos de funcionamiento. Este, sin embargo, tampoco es un presupuesto exagerado, como sugiere Lacalle, al confundir el presupuesto total del MEC con el gasto en políticas culturales. Todos, excepto Lacalle, sabemos que el área de Cultura es solo una parte del gasto total del MEC, cuya otra pata fundamental es Educación. Además, el MEC hoy cumple muchas de las funciones que son propias de un Ministerio de Justicia, y mantiene funciones en el Área de Ciencia y Tecnología.

Es un típico instinto reaccionario acusar al Estado de “malgastador”, pregonando que primero hay que ser buen administrador, antes de siquiera contar con los recursos. Recursos que en los gobiernos blancos y colorados no estuvieron disponibles para poner a prueba las virtudes administrativas de dichos gobiernos. O, en realidad, sí pudimos ver aquel desempeño y sus resultados: el abandono casi total de las instituciones e infraestructuras culturales. Ese fue su “sesgo” más prominente y lo sigue siendo hoy, cuando se proponen privatizaciones y reducciones con la excusa de mejorar la gestión y la calidad.

Es cierto que siempre se puede gastar mejor y más eficazmente. Es cierto que en los gobiernos de izquierda se cometieron y se seguirán cometiendo errores, pero solo se equivoca el que intenta radicalmente. Porque las políticas culturales del Frente Amplio son políticas en el sentido de que son un proyecto transformador orientado a cambiar las relaciones de poder que todavía limitan el ejercicio de la ciudadanía cultural. No nos conformamos con medidas orientadas a volver más “culto”, higiénico y amable al ciudadano.

Por todo lo anterior, la discusión hoy en día debe centrarse en cómo lograr la sustentabilidad de las políticas culturales en el tiempo, en evaluar y corregir lineamientos, fortalecer la institucionalidad, y promover no solamente el acceso, sino también la producción cultural ciudadana, llevando a cabo transformaciones más profundas y debates más audaces.

Fortaleciendo las instituciones culturales

El primer gobierno del Frente Amplio marcó un antes y un después. En primer lugar, se creó la DNC para que existiera un órgano encargado específicamente de las políticas culturales. Se comenzó a promover la producción a través de fondos concursables, fondos de estímulo a la formación y creación artística y fondos de incentivo cultural, con un fuerte impacto en el territorio. Se desplegaron infraestructuras culturales en todo el país con fondos específicos para su desarrollo. Se promovió la industria cultural nacional, con un Departamento de Industrias Creativas (DICREA). Se promulgaron leyes fundamentales y largamente esperadas: para la seguridad social de los artistas y su reconocimiento como trabajadores, y para la protección y fomento de instituciones postergadas en el pasado como los archivos, museos y bibliotecas. Sabemos, de todos modos, que no es suficiente con que las leyes existan; hace falta un mayor esfuerzo por ejecutarlas y hacerlas cumplir.

Se recuperaron instituciones históricas abandonadas por años, como el Complejo Adela Reta del SODRE en Montevideo, e importantes infraestructuras en el interior. Y se apostó por una renovación, con la creación del Espacio de Arte Contemporáneo, el Museo Figari, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay.

Además, los procesos para acceder a estos espacios que el Estado pone a disposición para la producción cultural, se abrieron a la ciudadanía. Y aunque a Lacalle le parezca que solamente se apoya a la “cultura compañera”, a lo mejor le interesaría enterarse de que en la actualidad, a diferencia de las épocas de blancos y colorados, existen asignaciones por concurso, limpio y llano.

Como bien dice Lacalle, históricamente ha existido una tensión cultural Montevideo – Interior, donde la capital ha hegemonizado gran parte de la multiculturalidad del país. Pero hoy en día, viendo los resultados de algunas políticas culturales territoriales que implementó la DNC en coordinación con todas las intendencias, comienza a resignificarse y a romperse esta hegemonía. Se crearon espacios nuevos e inclusivos para dar soporte a una pluralidad de expresiones culturales en todo el país, como los 123 Centros MEC, las 11 Usinas de Cultura y las 25 Fábricas de Cultura, donde participa población en situación de calle o presos, por citar dos ejemplos.

El Ir y sus énfasis programáticos para renovar las políticas culturales

Cada una de estas leyes y políticas marcó un salto cualitativo enorme con respecto a los gobiernos anteriores, pero todavía falta mucho por delante. En breve vamos a estar publicando en nuestra web los énfasis programáticos del Ir, incluyendo los de cultura. Nos gustaría adelantar aquí algunas de las ideas que nos guían.

Debemos terminar con el concepto de la cultura como adorno o “gente que hace espectáculos” y consolidar el concepto de cultura como derecho humano. La cultura debe tener antes que nada un fin social, primando el bien común por sobre el interés privado. Este es nuestro sesgo, nuestra opción política. Mientras que las propuestas de la derecha hacen énfasis sobre todo en el acceso y en “fortalecer la capacidad de apreciar y elegir”, con lo que estamos de acuerdo, nosotros queremos también más capacidad social de apropiación, transformación y producción de bienes culturales. En este sentido, proponemos dar continuidad al proceso de construcción de la ciudadanía cultural.

Asimismo, proponemos reformar algunos de los aspectos legales que restringen el acceso a los bienes culturales y supeditan la cultura al concepto de propiedad privada. Es necesario reformar la ley de propiedad intelectual, legalizando los usos y copias de obras con fines educativos, así como las copias personales y el intercambio de archivos sin ánimo de lucro. Las acciones de las personas para ejercer sus derechos a la cultura y la educación bajo ningún concepto deben considerarse delitos penales.

Además de la legislación, la arquitectura de las instituciones debe seguir adaptándose a los cambios de la sociedad, en contacto directo con los protagonistas. Si no ocurre de esta manera, se generarán rigideces instrumentales en la aplicación de ciertas políticas culturales, por ejemplo, las que se desarrollan en el territorio. Creemos que hay una enorme dispersión y una superposición de instituciones que deberían ordenarse con más coherencia. Se precisa una mayor participación de los distintos protagonistas del ámbito cultural tanto en el planeamiento como en la puesta en práctica de las políticas culturales. El próximo gobierno debe convocar a un debate nacional con gran participación popular, para ir hacia la creación de un Sistema Nacional de Cultura.

Debemos continuar fortaleciendo los vínculos culturales con otros países, en especial con América Latina, promoviendo el reconocimiento de las culturas locales, regionales y de fronteras.

Finalmente, es necesario aprovechar las nuevas tecnologías de una manera inteligente. La comunicación, promoción y mediación cultural a través de Internet debe usarse para complementar el trabajo en el territorio y facilitar la colaboración, y no solamente para difundir eventos, como plantea Lacalle.

Por todo lo hecho, y por lo que falta hacer, debemos evitar la fácil tentación en la que caen Lacalle y su programa con eso de que “la cultura es todo”. Si “la cultura es todo”, entonces en los hechos la cultura es nada.

Frente a las propuestas de Lacalle nos encontramos, como siempre que se leen las iluminadas propuestas de la derecha, con la reinvención de la pólvora: un programa para hacer lo ya hecho y crear lo ya existente (por los gobiernos del FA y nunca por sus antecesores blancos y colorados). Estas propuestas iluminadas vienen adornadas con una serie de lugares comunes y discursos genéricos de lo que “debe ser” con los que nadie en su sano juicio estaría en desacuerdo. ¿Por qué, entonces, nos hemos tomado el trabajo de analizar y responder algunas de las ideas “por la positiva” de Lacalle? Porque percibimos los matices que caracterizan a la derecha moderna y aggiornada detrás de la cual se esconden los instintos más reaccionarios.

Lo que en verdad hace falta, lo que nosotros proponemos, es identificar problemas reales, llegar a acuerdos programáticos e implementar acciones concretas. De esto, y no de otra cosa, se trata una agenda transformadora en materia de políticas culturales.

 

1. Ver: Informe de Gestión marzo 2005-setiembre 2009. Dirección Nacional de Cultura, MEC. En: http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/v/1790/8/mecweb/indicadores?leftmenuid=1790

Minería: no a cualquier costo ni de cualquier manera

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Consideramos que es fundamental valorar las preocupaciones ambientales planteadas por la sociedad. Partimos de la idea de que estas preocupaciones forman parte del ideario de izquierda, y de que es necesario hacer una crítica ambiental al modelo de desarrollo actual y a la desigual distribución de los costos sociales y ambientales del desarrollo. Compartimos también la preocupación del movimiento de los trabajadores de que la actividad minera debe realizarse en condiciones de trabajo, seguridad y salud adecuadas.

Por eso, la verdadera cuestión es: qué minería queremos, en el marco de qué modelo de desarrollo. En otras palabras: minería sí, pero no a cualquier costo ni de cualquier manera.

Los pros y contras de la explotación minera en nuestro país

Se espera que los proyectos mineros diversifiquen la producción primaria, con un nivel de actividad económica del orden del 5% del PBI, similar a la ganadería, agricultura y forestación, afectando una superficie de terreno mínima (la actual superficie minera es el 0.1% de la superficie total “disponible” de 140.000 km2 y Aratirí afectaría otro 0.1%).

Por otra parte, aproximadamente el 50% de la renta neta de la actividad minera será para el Estado. Esta renta se compone del IRAE, el canon minero y un adicional del IRAE que es progresivo, según el precio internacional del hierro. A medida que el hierro tenga más valor, el porcentaje que recauda el Estado será mayor.

El 70% del ingreso del Estado va a un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversiones, administrado por el Banco Central para invertir en actividad financiera de bajo riesgo. Los intereses generados se volcarán a actividades de I+D. El restante 30% va al Poder Ejecutivo, que debe utilizarlos en proyectos productivos, sociales y ambientales, en el desarrollo de las zonas mineras, en la DINAMA y DINAMIGE y en instituciones terciarias del Interior.

Por el proyecto Aratirí los Ingresos del Estado serán de unos 500 millones de dólares por 15 años. Esto representa un 1% del PBI y un 5% del presupuesto nacional durante esos años (del orden del presupuesto del Ministerio de Defensa, o los de la UdelaR y el INAU juntos). Estos recursos pueden contribuir a profundizar los logros sociales de los últimos años y protegerlos ante variaciones negativas en el ciclo económico.

En cuanto a resguardos ambientales, sociales y económicos, la ley de minería de gran porte prevé que las empresas mineras realicen depósitos de garantía de fiel cumplimiento de contrato, así como garantías de ejecución de las medidas de gestión ambiental. Asimismo, la ley establece que en el plan de impacto ambiental y en el control y seguimiento del mismo se deben utilizar los mejores estándares internacionales disponibles. Se crea una comisión de seguimiento con participación de actores sociales locales y una auditoría internacional de los planes de impacto ambiental.

Sin embargo, los beneficios y resguardos enumerados no nos impiden ver que hay problemas estructurales en Uruguay que plantean serios riesgos.

El proyecto de minería a gran escala en nuestro país se viene concibiendo como una actividad primaria puramente extractiva, lo que es evidente por los tiempos de explotación que plantea Aratirí. Debemos pensar si esta es la minería que queremos. Preferimos una minería que se encadene en procesos productivos con mayor valor agregado. Aratirí no debe ser el estándar para la explotación de nuestros recursos mineros.

Es necesario invertir en Investigación y Desarrollo para integrar las cadenas productivas y superar la dependencia de las actividades primarias y extractivas. Tanto en la minería como en todas las demás actividades primarias se deben usar los recursos generados de manera direccionada para cambiar el modelo extractivista; la tentación del dinero fácil no puede continuar conduciendo a una consolidación y perpetuación de este modelo.

La minería a gran escala conlleva riesgos ambientales importantes. Entre ellos, la contaminación con minerales; la afectación de ecosistemas asociados a cursos de agua y humedales; la contaminación por ruido y polvo; los riesgos estructurales en la presa de relaves; la afectación de la infraestructura vial y el impacto en el ecosistema marino ante posibles accidentes en la carga de los barcos.

Sin embargo, no ha habido una mejora significativa en la institucionalidad ambiental ni en nuestra capacidad de control de los procesos productivos en general. No solo de los mineros; tampoco en los planes de manejo de suelos, de manejo de residuos industriales, de vertidos de efluentes líquidos y de emisiones atmosféricas. Es imposible e inaceptable que nuestro país continúe con la actual infraestructura institucional en materia de control y cuidado ambiental. La reestructura a fondo de la institucionalidad ambiental es una condición básica para afrontar los desafíos futuros.

Finalmente, en cuanto a la dimensión del trabajo, la minería creará nuevos puestos mejorando posiblemente los salarios en las zonas de explotación. Sin embargo, la minería es una actividad que también conlleva riesgos laborales. Es fundamental entonces que Uruguay incorpore en la normativa nacional el convenio de la OIT Nº 176 que establece las condiciones de seguridad industrial y saludpara los trabajadores mineros.

Propuestas del Ir para el escenario actual

– Para el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental:

1) Es imperiosa la asignación de recursos desde ya para el control de las actividades extractivas: contratar técnicos y operadores, realizar formación, montar laboratorios, etc. Se debe prever un adelanto importante de ingresos por la explotación minera de Aratirí para el fortalecimiento de las capacidades de la DINAMA, DINAMIGE y de las Intendencias involucradas.

2) Creación de un Ministerio de Ambiente que integre las políticas de aguas, suelos, aire y ordenamiento territorial, fortaleciendo el control ambiental para prevenir la contaminación urbana e industrial, e incorporando el control de la actividad agrícola. La actual DINAMA y otras reparticiones existentes en diversos organismos pasarían a integrar este nuevo ministerio que debería contar con una robusta plantilla de técnicos altamente calificados y bien remunerados para evitar su cooptación por parte del sector privado (tal como se hizo en su momento con los funcionarios de la DGI). Se debería valorar, asimismo, la creación de un Instituto de Ambiente para realizar estudios de mediano y largo plazo. Complementariamente, debería mejorarse la interrelación entre los organismos de la Administración Central y entre estos y las Intendencias.

3) Información y participación ciudadana: hay que mejorar el acceso a la información para asegurar una participación activa de la población en la evaluación de proyectos de desarrollo, así como revisar los mecanismos de participación pública para permitir una actuación efectiva en la toma de decisiones.

– Para ir hacia un cambio en el modelo de desarrollo:

4) Construir un plan nacional de I+D, productivo y ambiental, es decir, un plan de desarrollo sostenible real que integre las cadenas productivas, centrándose en la necesidad de superar las actividades primarias y extractivas. Este plan debería incluir una fuerte inyección de recursos obtenidos de la venta de commodities. Debería integrar a las instituciones de educación terciarias y a las empresas públicas y privadas.

5) Creación de fondos para la generación de proyectos ambientales de remediación de impacto ambiental cofinanciados por el Estado y las empresas participantes en los emprendimientos productivos.

– Para la explotación del hierro, en particular:

6) Crear un centro de I+D y polos de desarrollo en el área de materiales, donde además se desarrollen cursos de nivel universitario y técnico para generar recursos humanos en el manejo del hierro como metal.

7) Prever el ingreso del Estado en la explotación minera, en el mediano plazo, utilizando fondos de reservas nacionales y generadas por el proyecto Aratirí