“Derechos ganados, derechos amenazados”

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Ayer en la Cervecería Bierhaus de Solymar se desarrolló la charla “Derechos ganados, derechos amenazados” en la que expusieron: Alejandro Zavala, Fiorella Buzeta, Federico Preve Cocco y Julia Couto.

La primera en tomar la palabra fue Fiorella Buzeta, integrante del Frente en Movimiento, que reflexionó sobre los abordajes cotidianos e institucionales frente a la violencia: “Tenemos que aprender a reaccionar de otra manera ante la violencia. Reaccionamos según fuimos criados y si te pegan de chico, seguro aprendés a pegar, y no es la forma. Hay que insistir en otras formas”. “¿Cuál es la forma alternativa? Sin dudas, más educación, más trabajo, mejores políticas de vivienda (que es uno de los temas donde al FA le faltó más, tenemos que seguir trabajando e insistiendo en estas formas”.

Fiorella también se posicionó firmemente en contra de la campaña “Vivir Sin Miedo”, recordando el incidente que la dejó en silla de ruedas a sus 12 años de edad : “El chico que me atacó sufrió bullying y sus padres, que son militares, le dieron un arma para defenderse. No hubo contención, no hubo apoyo institucional, fue un “defendete con un arma”; y así terminamos, en desgracia”.

“Las soluciones no son sencillas, hay que estar en los lugares para tomar decisiones. #ElAbrazo viene a proponer otras formas de vincularnos, propone una sana convivencia, y eso no son los militares en la calle”, finalizó Buzeta.

A continuación siguió Federico Preve, médico neurólogo, integrante de Magnolia y del comité ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. En su alocución, vinculó el carácter de la reforma constitucional, que se votará en octubre  con las políticas de lucha contra el narcotráfico:  “Una propuesta punitivista, simplista y necia, como la que plantea Larrañaga, tiene que ver también con el aumento del #narcotráfico y del crimen organizado. Y por eso son necesarias políticas de regulación de drogas”.

“Cuando hablamos de políticas de drogas, tenemos que pensar en tres áreas: el crimen organizado, los derechos de las personas y la salud pública. En ese balance hay que ver dónde nos posicionamos”, expresó Federico.

“La izquierda en Uruguay, pero también en el mundo, está dando una pelea por políticas de drogas para la reducción de riesgos y daños, que consideren desde el punto de vista recreativo los derechos de las personas a consumir… pero sucede que están vinculadas al mercado negro”.

“Está comprobado históricamente que el prohibicionismo sólo aumenta el problema porque genera más crimen organizado y les da poder, que terminan corrompiendo el sistema político, dañando la democracia”.

“Hay que aceptar que las drogas tienen un uso recreativo y eso no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar son las políticas”, sentenció Federico.

Por último, tomó la palabra Alejandro Zavala, explayándose sobre el proyecto de ley que regula el acceso al cannabis medicinal, recientemente aprobado, por unanimidad, en Diputados.

“El #cannabismedicinal tiene múltiples beneficios, para el dolor, para problemas con el apetito y el sueño (entre otros), pero como fue una sustancia prohibida, falta investigación. Hay producciones cuidadas y otras que no, entonces hay que legislar para cuidar la salud de la población”, dijo Alejandro.

“El aceite de cannabis no puede ser como el agua de Querétaro, que trafica con la esperanza de la gente. Por eso presentamos el proyecto de ley de Cannabis Medicinal a través de un gran proceso de diálogo con todos los actores”,  enfatizó el actual diputado del Ir.

“Para nosotros fue una sorpresa que fuera votado por unanimidad, por todos los partidos, en un contexto de difícil acuerdo con la oposición. Esto demuestra que hay una sensibilidad con respecto a este tema”, cerró Zavala.

Charla sobre Economía y los énfasis programáticos del Ir

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El EcoIr, grupo de economistas y cientistas sociales interesados en los temas económicos del Ir, organizó el pasado 4 de setiembre una charla abierta con el objetivo de intercambiar sobre los énfasis programáticos del sector en este tema. El evento contó con un conjunto de destacados panelistas (Andrea Vigorito, Alvaro Lalanne, Maria Ines Moraes y Christian Daude) quienes hicieron comentarios a un documento borrador que sirvió como disparador para la elaboración de fichas programáticas del sector. La actividad estuvo conducida por nuestros candidatos Pata y Martin.
En los casi 15 años de gobiernos del Frente Amplio se produjo el descenso de la pobreza a la quinta parte de los niveles heredados desde los gobiernos blanqui-colorados, y una caída muy importante de la desigualdad hasta 2012. Esto se explica por una batería de políticas implementadas que tendieron a redistribuir mejor el ingreso generado en el mercado de trabajo (Consejos de Salarios y política de crecimiento del Salario Mínimo Nacional), a gravar de manera progresiva los ingresos (instalación del IRPF en sustitución del IRP, creación del IASS, rebajas del IVA) y a mejorar el gasto público social, fortaleciendo la matriz de protección social, en particular estableciendo políticas destinadas a personas en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, en particular niños, niñas y adolescentes (transferencias del Plan de Equidad, entre otras).
En los últimos años continuaron registrándose avances en términos sociales, aunque más moderadamente, en un contexto internacional muy desafiante y una situación crítica a nivel regional. En el plano local el deterioro del frente fiscal y de los indicadores del mercado del trabajo se convirtieron en los principales problemas macroeconómicos, en un marco de desaceleración de la economía. En este contexto, los niveles de desigualdad, aproximados por diversos indicadores, registran un estancamiento desde el año 2012.
Sin desconocer las restricciones que imponen el contexto y la necesidad de reactivación del crecimiento económico como medio para ampliar las bases materiales de la sociedad, entendemos imprescindible volver a poner en le centro del debate político a la desigualdad como una dimensión clave en la agenda del desarrollo, en su doble condición de fin y herramienta para su consecución. Para ello, se propone desde el Ir un conjunto de políticas que afectan la desigualdad desde la órbita tributaria, el diseño del sistema de protección social y el funcionamiento del mercado de trabajo.
En este marco, Andrea Vigorito, profesora titular del Instituto de Economía, con amplia trayectoria en temas de desigualdad y políticas sociales, nos instó a cuestionarnos el marco normativo de la desigualdad ¿igualdad para qué? y los instrumentos sobre los cuales influir ¿cuál sería la estructura productiva deseable? y ¿cuál la distribución de rentas entre capital y trabajo? También nos instó a incorporar al debate las dimensiones no monetarias de la pobreza, a modo de ejemplo: la vivienda como un elemento poderoso de desconcentración del ingreso y las implicancias de la segregación residencial. Asimismo, sostuvo que sería deseable la fijación de metas distributivas y la reactivación de la agenda de transferencias monetarias, que no tiene modificaciones desde 2008.
Por su parte, Álvaro Lalanne, economista de Cepal, especialista en comercio internacional y política comercial, recogiendo la importancia de la inserción internacional del país para el desarrollo afirmó que en Uruguay se pagan aranceles muy altos que atentan contra la competitividad y que es clave trabajar en el acceso a mercados en mejores condiciones. Por su parte, destacó la necesidad de realizar evaluaciones periódicas de los acuerdos firmados.
Posteriormente, María Inés Moraes investigadora y docente, especialista en historia de los sistemas agrarios, sostuvo que la política tributaria para el agro en Uruguay tiene una línea argumental un poco débil, y cuestionó la aplicación de la exoneración de la contribución inmobiliaria rural, y además invitó a re-pensar el impuesto sobre la propiedad rural en términos de cadena de valor. Asimismo, llamó a problematizar los temas económicos de manera “holística” y a incorporar dimensiones como el medioambiente o la vivienda a su discusión.
Por último, Christian Daude director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del MEF, destacó la calidad del documento para la discusión política en estos momentos. Sugirió un mayor desarrollo del contexto en el que estamos insertos, en donde se están produciendo cambios en las relaciones comerciales y de poder, con un ascenso internacional de gobiernos de derecha y ultraderecha, donde no es sencillo alcanzar alianzas estables. Asimismo, recomendó fortalecer aspectos relacionados a la agenda de crecimiento económico, clave para el fortalecimiento de las políticas sociales, y problematizar sobre cuál es la estructura económica que sostiene la distribución de la renta en los mercados. Resaltó que el proyecto de izquierda contrasta con el proyecto conservador que tiene en su agenda de competitividad bajar salarios y recomponer rentabilidad por la vía del tipo de cambio. Por último, destacó que existe una ventana de oportunidad en la agenda de regulación de mercados y competencia para mejorar eficiencia, y que debemos avanzar en la composición del gasto público social priorizando a la infancia y a las mujeres jóvenes.

El nuevo impulso a la política uruguaya

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En entrevista central con Dosmil30, nuestra candidata: la Pata rindió cuentas de su gestión a cargo de la Asesoría por la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo (2015-2019), su rol como mujer política, y como referente del Ir.

Conocé quiénes somos, qué hicimos, de qué forma, y, principalmente, qué queremos hacer.

Escuchá la nota completa acá.

IR definió apoyar a Daniel Martínez en las internas del Frente Amplio

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El grupo que lidera Macarena Gelman, IR, finalmente decidió dar su apoyo al intendente de Montevideo, Daniel Martínez, para las próximas elecciones internas de 2019 en el Frente Amplio. La decisión se tomó después de realizar un plebiscito interno. Este arrojó como resultado que la mayoría de la agrupación apoyara a Martínez.

Si bien en algún momento se especulo que el IR podría volcarse a la ministra de industria, Carolina Cosse, finalmente los resultados mostraron un favoritismo por el intendente capitalino. Este, logra por el momentos más apoyos que cualquier otro candidato dentro del partido de gobierno. Continúa leyendo IR definió apoyar a Daniel Martínez en las internas del Frente Amplio

¡El futuro ya se está militando!

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Luego de varios meses, concluye el Primer Congreso Ideológico del IR. Se desarrolló a través de cinco módulos temáticos, con charlas abiertas, talleres e instancias de debate virtual, como señalan nuestras bases de funcionamiento las resoluciones finales del congreso serán sometidas a votación en febrero de 2018. Muchas compañeras y compañeros de distintos espacios de izquierda aportaron ideas y propuestas.

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Netflix y el Cine Nacional

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El IR apoyó esta iniciativa que trata de adecuar nuestra normativa a un mundo que ha cambiado. Es simplemente un tema de justicia que los servicios Over The Top (OTT) – servicios de contenido de video y audio por internet – tributen en los países en que se consumen sus servicios. En la Unión Europea, Colombia, Brasil o Argentina existen distintas propuestas sobre como gravar la actividad de los OTT.

Según las estimaciones más conservadoras Netflix (que opera en Uruguay desde 2011) tiene entre un mínimo de 150 mil usuarios y hasta un máximo de 500 mil en Uruguay (según El perfil del internauta confeccionado por el Grupo Radar, en 2016) y obtuvo, en el primer trimestre del año, 178 millones de dólares de ganancia a nivel mundial. Cabe destacar que casi el 50% de los usuarios totales de la empresa (44.4 millones de los usuarios) viven fuera de Estados Unidos. Continúa leyendo Netflix y el Cine Nacional

Errores de Estado

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En el caso de la audiencia “Operadores de justicia y defensores de Derechos Humanos en el contexto de la justicia transicional en Uruguay”, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación remitieron a la Cancillería informe escrito sobre el tema a ser tratado en la misma.

Para la audiencia “Independencia judicial en Uruguay” el Poder Legislativo también remitió a la Cancillería, informe por escrito en relación a la temática objeto de la misma.

La no presencia del Estado en las primeras audiencias nos parece un grueso error, y más aún si hablamos de un Estado cuyo gobierno dirige nuestro Frente Amplio.
Entendemos que la ausencia del Estado uruguayo no fue solo protocolar sino también simbólica, deslegitimando una herramienta que desde la izquierda siempre hemos reivindicado, defendido e impulsado. El Estado debe dialogar siempre con la sociedad civil.
Si se convoca a audiencias públicas de estas características por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es porque se considera necesario entablar un diálogo entre el Estado y la sociedad civil.

Como internacionalistas, creemos que los mecanismos supranacionales de protección y promoción de los Derechos Humanos, que permiten a la sociedad civil dialogar y exigir, a los Estados-nación la vigilancia y el respeto a los derechos fundamentales son una herramienta imprescindible tanto para la sociedad civil, como para un Estado apegado a los principios fundamentales de protección de los Derechos Humanos.
Por esto, resulta inadmisible el atribuirle carácter injerencista a las instancias y resoluciones de estos mecanismos a los que los Estados adhieren voluntariamente y de buena fe. Menos comprensible resulta aun cuando hablamos de Derechos Humanos. Por eso, seguiremos reivindicando que nuestro Estado cumpla efectivamente con los compromisos internacionales, respondiendo todas las consultas y cumpliendo los dictámenes y/o fallos sin excepciones. Independientemente de las explicaciones brindadas, la necesaria separación de poderes no puede ser un argumento para que el Estado no asuma como tal, su responsabilidad ante los organismos internacionales de los que es parte. Para superar esta lamentable situación, es preciso que el Estado asuma el error político cometido, dado que su ausencia puede interpretarse como el debilitamiento del compromiso de protección de los derechos objeto de las audiencias.

Asimismo, reafirmamos, que es tiempo de que el Estado brinde respuestas sustanciales a los planteos realizados por la sociedad civil en estas instancias. Lo mejor que nos podría pasar a los uruguayos es que este episodio sea un llamado de atención para redoblar los esfuerzos por consagrar y hacer efectivo el goce integral de los Derechos Humanos en nuestro país, sin otro propósito que la construcción de la pública felicidad.

Institucionalidad que encorseta

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La semana pasada visitó nuestro país el Relator Especial de Derechos Humanos relacionados con el Medio Ambiente para Naciones Unidas y en la conferencia de prensa que brindó, valoró el compromiso de Uruguay respecto a la protección de los DDHH y su relación con el ambiente. Destacó la mejora del acceso a la información y la justicia ambiental, la legislación que creó el Observatorio Ambiental, la reciente propuesta de Ley de Delitos Ambientales, el trabajo en Cambio Climático y la matriz energética basada en energías renovables, entre otros. Sin embargo nos marcó que la dispersión de instituciones que trabajan en temas ambientales es demasiado grande y muchas veces la negociación entre ellas y los procesos burocráticos hacen que los tiempos de respuesta y las soluciones a las que abordan no sean las mejores.
La generación de políticas más sostenibles implica lograr darle la jerarquía adecuada al análisis y la consideración de los aspectos ambientales. Vemos ejemplos a diario en lo que respecta a residuos, gestión costera o agroquímicos.
Si tomamos uno de ellos, la gestión de agroquímicos, vemos la falta de una visión integral. Al momento de analizar los paquetes tecnológicos por lo general priman aspectos productivos y no siempre se incluye el análisis de los riesgos en la salud poblacional y el ambiente de las sustancias químicas asociadas.

Como país hemos avanzado mucho. La creación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático implicó un fortalecimiento institucional y una mejor coordinación, pero nos debemos una discusión más profunda y quizá debamos pensar más seriamente la creación de un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este planteo no es actual y no tiene una sola autoría, y de hecho fue mencionado al relator de DDHH en estos días. Se necesita pegar el estirón y tratar estos temas con la seriedad y profundidad que se merecen, asumiendo en forma definitiva que los temas ambientales son estratégicos, necesarios e ineludibles.

Desde el IR hace tiempo estamos convencidos de la necesidad de crear un Ministerio de Ambiente que integre las políticas de aguas, suelos, aire y ordenamiento territorial, que evalúe y fiscalice las acciones públicas y privadas sobre el ambiente, con despliegue territorial y con una fuerte interacción y cooperación con las Intendencias y otros ministerios y organismos con incidencia en la temática. Esta nueva institución debería abarcar: Dirección Nacional de Medio Ambiente, Dirección Nacional de Aguas, Instituto Uruguayo de Meteorología, Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, Cambio Climático y la Dirección Nacional de Recursos Renovables (o parte de esta Dirección, hoy en el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca).

La necesidad de un Ministerio de Medio Ambiente ha adquirido una dimensión tal y un consenso en la sociedad civil suficientes como para que desde el Frente Amplio incorporemos definitivamente el planteo en nuestra estrategia política y en nuestras bases programáticas en el mediano plazo.

Pura concepción conservadora

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Existen organizaciones que desde 1985 luchan por el derecho a decidir sobre la salud sexual y reproductiva y que han ampliado las bases de apoyo a la causa, sumando ante cada nuevo proyecto de ley más organizaciones, aumentando también su diversidad e integrando a nuevas generaciones de militantes. Son estas organizaciones las que hoy, gracias a la articulación y la movilización constante, logran que el movimiento obrero coloque en su plataforma de reivindicaciones un tema que hasta hace poco era invisibilizado. De este proceso, sin dudas, se han mantenido al margen quienes históricamente han operado en función de perpetuar las desigualdades por considerar que los derechos no son para todos y todas.

Mientras en estos días gran parte de la sociedad civil organizada coordina acciones para que el próximo 8 de marzo seamos miles en la calle y que las mujeres paren el país, otros hacen uso deliberado del poder y, desde la comodidad que dan los privilegios, fallan como lo hace la jueza Pura Concepción Book; o realizan declaraciones anacrónicas, como las del presidente de la SCJ llamando «crímenes pasionales» a los femicidios. Estas posturas y prácticas forman parte del Uruguay conservador, ese que pierde en la calle y en las urnas porque no puede lograr más síntesis que la que hace sumando firmas a consignas mentirosas. Ese que no complejiza ni actualiza los debates pero tiene el descaro y el respaldo de un sistema anquilosado en estereotipos machistas para imponer «su ley», su concepción del orden de las cosas (y claro, del lugar de varones y mujeres en las relaciones de poder) a costa de nuestras libertades. Ese que comete aberraciones en términos jurídicos como el de la trístemente célebre jueza Book.

La confluencia de la lucha sostenida por las organizaciones feministas y la voluntad política de poner en agenda la concreción de nuevos y más derechos lograron colocar a las diversas formas de violencia hacia las mujeres como una expresión de la discriminación que genera el sistema patriarcal. Sin embargo, parece que todavía tenemos que explicar de qué hablamos cuando hablamos de violencia simbólica. Hablamos, por ejemplo, de la decisión de interpretar una ley en base a fundamentos religiosos individuales, negándole un derecho adquirido a una mujer que realizó los procedimientos correspondientes en tiempo y forma, amparada en una ley cuyo único condicionante es que la decisión sea tomada por la mujer: nadie más puede interferir en ello. Y en esto no hubo olvidos: la ley, expresamente, prevé que la decisión definitoria sea la de la mujer. Por tanto, atender un recurso de amparo a un varón no tiene fundamentos legales, y asignar un abogado defensor a un embrión evidencia concepciones personales de la jueza que tiñen de poca ética y laicidad su desempeño en el caso.

La Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, vigente desde 2012, no fue aprobada por arte de magia. Es un hito de un largo proceso que logró colocar en la agenda política un tema que muchos y muchas tomaron y defendieron en distintos ámbitos. Es de una soberbia importante creer que vamos a limitarnos a ver, de brazos cruzados, cómo nos recortan nuestros derechos. En el Ir reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el acceso igualitario a los derechos de todos y todas. Somos plenamente conscientes de que aspectos estructurales como la clase social, el género, o la etnia siguen condicionando el ejercicio efectivo de derechos fundamentales. Sabemos que los marcos jurídicos son importantes, pero además de regular también necesitamos generar ciudadanía cultural al respecto: personas capaces de exigir y de protestar ante el avasallamiento de sus derechos en servicios de salud, comunidades, o el sistema de justicia, por ejemplo. Destacamos la necesidad de mejorar el presupuesto para que la implementación de la Ley de IVE sea efectiva y garantice a las mujeres abortos seguros.
Pero sobre todo es necesario apostar por mayor formación en los recursos humanos del Poder Judicial y de los servicios de salud para que se comprenda de una vez por todas, que obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado es una violación de los derechos humanos de las mujeres, que un Estado de derecho no puede permitir.

Ninguno de los derechos ganados en la calle por las mujeres ha sido revertido por el Estado. El derecho a decidir si queremos ser madres o no y en qué circunstancias no va a ser la excepción. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue en pie. Nuestros derechos siguen en pie. No vamos a dar ni un sólo paso atrás.