Institucionalidad que encorseta

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La semana pasada visitó nuestro país el Relator Especial de Derechos Humanos relacionados con el Medio Ambiente para Naciones Unidas y en la conferencia de prensa que brindó, valoró el compromiso de Uruguay respecto a la protección de los DDHH y su relación con el ambiente. Destacó la mejora del acceso a la información y la justicia ambiental, la legislación que creó el Observatorio Ambiental, la reciente propuesta de Ley de Delitos Ambientales, el trabajo en Cambio Climático y la matriz energética basada en energías renovables, entre otros. Sin embargo nos marcó que la dispersión de instituciones que trabajan en temas ambientales es demasiado grande y muchas veces la negociación entre ellas y los procesos burocráticos hacen que los tiempos de respuesta y las soluciones a las que abordan no sean las mejores.
La generación de políticas más sostenibles implica lograr darle la jerarquía adecuada al análisis y la consideración de los aspectos ambientales. Vemos ejemplos a diario en lo que respecta a residuos, gestión costera o agroquímicos.
Si tomamos uno de ellos, la gestión de agroquímicos, vemos la falta de una visión integral. Al momento de analizar los paquetes tecnológicos por lo general priman aspectos productivos y no siempre se incluye el análisis de los riesgos en la salud poblacional y el ambiente de las sustancias químicas asociadas.

Como país hemos avanzado mucho. La creación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático implicó un fortalecimiento institucional y una mejor coordinación, pero nos debemos una discusión más profunda y quizá debamos pensar más seriamente la creación de un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este planteo no es actual y no tiene una sola autoría, y de hecho fue mencionado al relator de DDHH en estos días. Se necesita pegar el estirón y tratar estos temas con la seriedad y profundidad que se merecen, asumiendo en forma definitiva que los temas ambientales son estratégicos, necesarios e ineludibles.

Desde el IR hace tiempo estamos convencidos de la necesidad de crear un Ministerio de Ambiente que integre las políticas de aguas, suelos, aire y ordenamiento territorial, que evalúe y fiscalice las acciones públicas y privadas sobre el ambiente, con despliegue territorial y con una fuerte interacción y cooperación con las Intendencias y otros ministerios y organismos con incidencia en la temática. Esta nueva institución debería abarcar: Dirección Nacional de Medio Ambiente, Dirección Nacional de Aguas, Instituto Uruguayo de Meteorología, Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, Cambio Climático y la Dirección Nacional de Recursos Renovables (o parte de esta Dirección, hoy en el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca).

La necesidad de un Ministerio de Medio Ambiente ha adquirido una dimensión tal y un consenso en la sociedad civil suficientes como para que desde el Frente Amplio incorporemos definitivamente el planteo en nuestra estrategia política y en nuestras bases programáticas en el mediano plazo.