Por qué el Ir

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Belela Herrera

Frenteamplista de la primera hora decido apoyar a Constanza Moreira, que representa un aporte renovado e innovador que ha enriquecido el debate político y social reforzando la discusión en profundidad en temáticas como derechos humanos, matrimonio igualitario, derechos sexuales y reproductivos e igualdad de oportunidades para las mujeres y los jóvenes en todos los ámbitos de la vida social.

Como veterana, aliento el diálogo con los jóvenes del Ir por su idealismo y la mística que aportan a la candidatura de Constanza, porque estos jóvenes toman la bandera de los viejos en sus sueños y esperanzas de un mundo más justo y equitativo, asumiendo el desafío de trabajar por una cultura de la solidaridad, por una América Latina digna, soberana e integrada.

 

Por qué el Ir: Gonzalo Pollo

Soy parte del Ir porque soy de izquierda.

Porque no tenía un sector que me representara y con el surgimiento del Ir lo encontré.

Porque creo que el FA debe repensarse y renovarse.

Porque el país ha mejorado objetivamente en los últimos 10 años pero aún debe mejorar más.

Porque la política está tanto en la vida cotidiana como en la política partidaria.

Porque creo en la política y pienso que sirve para mejorar la vida de las personas.

Porque prefiero ser partícipe y no estar en posiciones desencantadamente cómodas.

Porque quiero ser parte de un colectivo que piense y actué con determinado sentido en la búsqueda de la igualdad, la libertad y los derechos de las personas.

Porque no quiero tener Ejército.

Porque quiero una política menos solemne y más inclusiva.

Porque quiero un sistema político con más mujeres y jóvenes en puestos de representación y decisión.

 

Diane Denoir

Apoyo al Ir porque siempre fuí frenteamplista y quiero que el FA realmente realice transformaciones profundas en la sociedad uruguaya. Por eso es fundamental que el FA no se estanque y es imprescindible una renovación. Que los jóvenes ocupen el lugar que nosotros tuvimos en los 70, 80 y 90 y puedan aportarnos nuevas reflexiones y debates más abiertos. Y porque los Derechos Humanos, la búsqueda de la Verdad y la Memoria deben ser la primera prioridad de un Frente de izquierda.

 

Gonzalo Eyherabide Mántaras

Voto al Ir porque creo que es necesaria una renovación en el Frente Amplio. Como una medida sana tanto para un futuro gobierno, como para la fuerza política. Renovación que trae nuevas ideas, como el avance de los derechos sociales con más justicia e igualdad (la lucha contra la discriminación racial, sexual o de cualquier otro tipo, o la legalización del aborto, por ejemplo) o en ciertos casos viejas ideas que han quedado por el camino no pudiendo soportar los miedos o las presiones propias del desgaste de gobernar (como por ejemplo reducir el demencial e injustificablemente gigantesco volumen del presupuesto destinado al ejército para fines harto mejores y más necesarios, como la educación).

También voto al Ir, porque conozco a algunos de sus referentes desde hace mucho tiempo. Y el voto es siempre, en definitiva, una expresión de algún tipo de confianza.

Y además declaro públicamente mi apoyo al IR, porque no creo que a los intelectuales, publicistas o artistas, tres grupos que integro, nos haga bien simular neutralidad político-partidaria. Debemos practicarla eventualmente en la forma en que actuamos profesional o académicamente, pero en cuanto a nuestra expresión como ciudadanos, considero un derecho, pero también un deber moral decir de qué lado estamos y por qué.

Claro que esta es una época de anti-intelectualidad. Y también en cierta medida de anti-política.

En estos tiempos, veo a muchos intelectuales y artistas callar. Parecería que se han convencido de una idea que flota en la sociedad viciando el aire de la libertad y la democracia, esa idea según la cual la política es irremediablemente mala, mezquina, corrupta. Según la cual “todos los políticos son iguales” (léase sinvergüenzas, ladrones, insensibles, rosqueros, poco dados al genuino servicio público). Una idea funcional a la derecha, porque en la medida en que la política se debilita, las posibilidades de subvertir las relaciones de poder pre-existentes y amenazar al establishment también se debilitan.

Pero una mentalidad así no lleva a nada, o lleva a malos puertos, como la desaparición o suspensión de la democracia. Bien que sabemos esto en Uruguay, aún a a pesar de nuestra brevísima historia.

Creo que podemos haber sido decepcionados por algunos políticos, pero negar la política por eso, es enormemente perjudicial. Los intelectuales podemos vernos tentados de elevar nuestro escepticismo a tal grado, que nos proteja de cometer cualquier error posterior habiendo apoyado a uno u otro grupo político. Es humanamente comprensible. Pero nada en la vida nos salvaguarda de cometer errores. Por ejemplo, en este caso, del error de no jugarse nunca por nada. Deberíamos recordar el espacio que destinó a los que nunca se juegan por nada Dante en la Divina Comedia, a ver si algún tábano nos aguijonea ahora estando en vida.

En resumen, votar al Ir hoy, para mí representa votar por el futuro del Frente, pero también por lo mejor de su pasado.

 

Mariana Percovich

Pertenezco a una generación que nació a la militancia en los años 80, cuando éramos estudiantes. Creíamos en todo, salíamos de la dictadura, se militaba, no había Internet .

Aprendíamos a dialogar con los históricos de la izquierda, con la gente que salía de la cárcel o volvía del exilio.

Mucha agua pasó, muchos cambios. Veo a mis congéneres reticentes, pero cambió la sociedad, la real, la del conocimiento, el Frente Amplio es gobierno y ha recorrido un camino que no ha sido y no es sencillo.

Creo que vale la pena seguir apostando, seguir votando al FA. Creo que nada mejor que hacerlo apoyando a los y las jóvenes de hoy, a los y las que creen, a los y las que quieren seguir peleando.

Hay que apoyar al recambio generacional, hay que poner a las mujeres en la primera línea. Son cambios culturales que el país necesita, más allá de los partidos. El Uruguay tiene que sacudirse y hay que pensar en nuevos términos. Las banderas que usábamos en aquellos tiempos, deben cambiar.

Mujeres profesionales, mujeres trabajadoras, mujeres militantes y jóvenes preparados para crear nuevos relatos, como alguien más joven me dijo. Por eso apoyo al Ir.

Deme todo esto de cargos

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Larrañaga charla con una niña que le pregunta: “Yo soy de Florida, ¿qué puede hacer por el interior?”. Larrañaga le responde: “Yo te prometo que el interior va a crecer, porque si crece el interior…” y sigue explicando las bondades de que el interior crezca… No parece haber entendido la pregunta el precandidato. En realidad, no importa. La publicidad tiene una idea que cree que tiene punch (“charlas con el futuro”), está bien filmada y listo: el producto está precioso (o no, pero eso es para otra columna). Acá no cabe el argumento de que la publicidad (y la plata) vehiculizan ideas. Ahí no hay ideas. Ahí no hay más política que la sesuda opción de camuflar a la política en la anti-política y la anti-ideología.

Lacalle Pou remixó un discurso suyo y su jingle. Bien puede ser un jabón de tocador o una marca de championes lo que está siendo publicitado. Lo que importa es vender el producto. Y para vender, más que tener un buen producto, es necesario tener plata. Mucha plata. Muchísima.

Para ser elegido (no elegible, eso lo asegura la Constitución) en Uruguay, hay que pagar. Esa lógica queda extremadamente clara con el sistema de confección de listas que tienen los partidos tradicionales. Candidatos que nadie conoce, que ningún colectivo de más de dos personas eligió para representarlo, pagan mucha plata y tratan de conseguir su banca. Por eso se juegan tanto ahora. Por eso están gastando tanto.

Pero cuidado, el FA también tiene que pagar para ser elegido. La diferencia es que las estructuras eligen al que consideran el mejor candidato, y quien paga es un colectivo. Es una diferencia sustancial, pero se sigue terminando en lo mismo: antes o después, para ser elegido hay que pagar. Y para pagar, hay que tener plata. O se tiene una familia con mucha plata, o se tiene amigos con mucha plata, o se tiene mucha capacidad e inventiva para juntar mucha plata (a esto último y solo a esto último estamos apostando en el Ir, mientras tratamos de aportar para terminar con esta mercantilización de la política).

El Estado, a través de su parlamento, se dio cuenta de lo complejo que es el financiamiento de las campañas y lo que desvirtúa a la actividad política. Mediante la ley 18.485, regula cómo se deben financiar los partidos. Establece, además, que a cada partido se le va a dar determinado monto por voto que haya obtenido. Este mecanismo, además de ser más proclive a mantener al status quo que a potenciar la aparición de lo nuevo (recibe plata quien ya tuvo plata para conseguir votos), toma un camino entre dos posibles.

El primer camino, reflejado en la ley, es que el Estado aporte parte de esa plata que necesitan los partidos. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿dónde termina esa plata? Ningún partido obtiene ganancias de las campañas. Pues bien, ¿quién obtiene ganancias? Una pista: un segundo en radio cuesta de 15 a 37 pesos, y un minuto en televisión cuesta –atenti a esta cifra- $32.000.

Es importante, entonces, recordar que los canales de televisión hacen uso de un bien público que se les otorga para usufructuar (ahora y gracias al Frente) por un período limitado. Pero siguen siendo propiedad de toda la sociedad (esa que ahora precisa elegir quiénes gobernarán).

Entonces, la otra opción es empezar, de una vez por todas, a desmercantilizar la política. Es intentar que cada vez dependa menos de cuánto tiene cada uno para ser elegido. Por tanto, bien se podría haber incluido en la ley de financiamiento de partidos, muchos minutos gratis para pautas de los partidos, fijando las franjas en las que se tienen que emitir y prohibiendo sobre-pautar más allá de lo que se le otorgue a cada uno por ley. Una porción del tiempo en televisión se podría distribuir según los votos obtenidos con anterioridad, y otra porción para todos por igual (y dar así posibilidad a lo nuevo). Y así como se hace con la tele, hacerlo con todos los medios de propaganda.

Por otra parte, no parece fácil de argumentar que una empresa financie partidos políticos, por lo que se debiera prohibir esto, pudiendo solo las personas físicas aportar a los partidos. A nuestra propuesta de revisar la regulación sobre el financiamiento de partidos, no tanto para asegurarles recursos sino más bien para desmercantilizar a la política, se le debe agregar indefectiblemente organismos poderosos que fiscalicen cuánto dinero entra en los partidos (y quiénes son los donantes) y cuánto se gasta. Esta Corte Electoral, con estos recursos, no puede controlar y se limita a recibir los informes y publicarlos. Es necesario que alguien controle, pregunte y repregunte. Que investigue y que denuncie si es necesario.

Los partidos políticos tienen dos opciones: o juegan en la cortita, entrando en el juego y tratando de sacar ventaja para ganarle al que está al lado, o por un rato dejan la competencia en suspenso y piensan una forma de mejorar las condiciones para todos y todas. Esto redundará en una mejor democracia, mucho más cercana a su naturaleza y mucho menos cercana a spots sobre alfajores, remixes, futuros y mucho blabla.

¿Por qué un Ministerio de Ambiente?

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La institucionalidad ambiental que hoy existe continúa siendo débil y aislada. La información sobre el estado de los recursos naturales está dispersa y no estamos pudiendo dar cuenta de la forma en que los cambios ambientales afectan el bienestar social. En definitiva, no ha habido una priorización clara de los temas ambientales (Informe del Grupo Geo, 2008).

Por otro lado, existe una orientación directa hacia al estímulo de inversiones de base primaria como la forestación y el complejo celulósico, la actividad agrícola o la minería de gran escala. Estas actividades son en muchos casos contaminantes, consumidoras de espacio y energía, además de concentradoras de la riqueza. Son estimuladas a través de la ley de inversiones y otras medidas impositivas, de las concesiones de zonas francas, y en algún momento, hasta con subsidios directos.

Hasta el momento prima una visión donde ambiente y desarrollo parecen contradictorios. Existe la percepción de que la conservación y protección ambiental es un lujo de los países ricos; cuando en realidad, los países pobres no pueden darse el lujo de degradar sus recursos naturales, base de su economía. Esto incluye los recursos básicos para la producción (suelo y agua) o los subsidiarios para la misma: ecosistemas conservados y biodiversidad local no afectada por presiones exógenas (como los transgénicos).

El desafío actual y futuro es rediseñar los sistemas de producción de forma que se logre generar alimento y otros bienes para la población, tanto a escala local y mundial, y a la vez se logre mantener los bienes y servicios que proveen los ecosistemas naturales (como la generación de agua potable, riego, pesca y recreación), cuyo cuidado no debería ser pensado como contradictorio, sino como fundamental para el desarrollo.

Para enfrentar estos desafíos entendemos necesaria la creación de una institucionalidad fuerte, capaz de hacer frente a las presiones, que atienda a la conservación del ambiente en concordancia con el crecimiento económico y social. Esto es muy difícil de llevar adelante desde el punto de vista político si no se tiene un peso específico.

La situación actual dentro del MVOTMA, un ministerio en el cual las autoridades y el presupuesto están dedicados prioritariamente al tema vivienda, no favorece que la DINAMA sea sólida e independiente. A su vez, algunos ministerios de control (Ganadería, Industria) son a la vez de promoción sectorial, entrando muchas veces en contradicción con las políticas ambientales. Un Ministerio de Ambiente es necesario para garantizar la independencia y la autonomía técnica, mejorar el acceso a la información y promover la sensibilización en temas ambientales, permitiendo así una participación efectiva de la población en la toma de decisiones.

Las políticas ambientales deben ser instrumentadas en forma coordinada, sostenidas en el tiempo y evaluadas mediante monitoreos continuos. La institucionalidad ambiental actual no puede atender adecuadamente estas necesidades porque no está integrada ni es coherente, dada la dispersión de atribuciones tanto a nivel interministerial como a la interna del MVOTMA, y prácticamente no hay coordinación entre organismos.

Con un Ministerio del Ambiente se podrían integrar las políticas de aguas, suelos, aire y ordenamiento territorial. Contaríamos con una autoridad que evaluaría y fiscalizaría las acciones públicas y privadas sobre el ambiente, con despliegue territorial y con una fuerte interacción y cooperación con las Intendencias y otros ministerios y organismos con incidencia en la temática. Esta nueva institución debería abarcar las actuales DINAMA, DINAGUA, DINA Meteorología, DINOT y RENARE (o parte de este organismo, hoy en MGAP). Debería tener competencias en la supervisión de gestión de residuos sólidos urbanos e industriales, fiscalización del vertido de efluentes líquidos urbanos e industriales, fiscalización de ruido y partículas en suspensión de industrias, coordinación de actividades productivas en las cuencas de drenaje de ecosistemas acuáticos prioritarios y la regulación y protección de los humedales del país. También deberían pasar a ser de su competencia el control del uso de agroquímicos y el control ambiental del uso del suelo con fines agrícolas e industriales.

Evidentemente, esta nueva institucionalidad debe ser fuerte y dotada de recursos que garanticen la independencia y la autonomía técnica. Es necesario aumentar la cantidad de funcionarios técnicos y de apoyo con que actualmente cuenta el país para las tareas de aprobación, control y seguimiento de proyectos y planes de gestión ambiental. Hay que mejorar la remuneración general e incorporar el régimen de dedicación total para un porcentaje de los cuadros técnicos, evitando la cooptación de los mismos por el sector privado y la alta rotación del personal. Hace falta, además, fomentar la investigación científica y dotar al Estado de mayores herramientas técnicas y económicas para la evaluación de proyectos y el monitoreo de sus impactos.

Estas ideas son parte de la propuesta integral del Ir en el tema ambiente. Apostamos a que el país genere un modelo de desarrollo sostenible, para el cual un Ministerio de Ambiente es una herramienta fundamental.

Frente Amplio, amigo: media pila

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Tenemos muchas dudas sobre de qué hablamos cuando hablamos de “renovación”. Es más, no sabemos muy bien si está bien que usemos ese término. Es que se habla tanto de renovación y nos queda tan poco claro de qué se trata. En general, termina hablándose de recambio de personas. Sin dudas que esta es una dimensión que nos importa y mucho, pero creemos que no abarca ni agota todos los movimientos -de cabezas, de personas, de género, de edades, de sensibilidades y hasta de estilos- que el FA necesita hacer. Por eso, sea o no “renovación” la palabra más útil, sí sabemos una característica que tiene que tener: debe ser radical, en términos de ir a la raíz de las cosas.

Nos preguntamos, como ejercicio, por qué el FA necesita renovarse o transformarse radicalmente. Nos acordamos de Benedetti con esa frase que plantea que “cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”. En nuestro caso, muchas de las preguntas cambiaron porque el FA ayudó a responder las anteriores, en un mundo que también cambió sus preguntas. Por ejemplo, Uruguay ya no se pregunta si es un país viable. Hoy sabe que lo es, que puede ser un país productivo, con niveles de indigencia y pobreza bajísimos. Pero sí se pregunta cómo hacer para convivir menos violentamente, o cómo democratizar una educación que debe cubrir no solo a aquellos que siempre fueron sujetos de derecho, sino a aquellos que empezaron a serlo desde 2005.

Por tanto, necesitamos respuestas a nuevos problemas. Seguramente la producción teórica anterior aportará elementos fundamentales para pensar posibles cursos de acción. Pero otro importante aporte de esos grandes pensadores es que no hay recetas preestablecidas que sustituyan el riguroso y sesudo análisis de la realidad en la que se va a tratar de incidir. Así, es necesario recurrir sí a cosas que nos aporten pistas, pero también y sobre todo es necesario tener coraje para soñar con un país distinto basado en nuevas y diferentes soluciones. La imaginación y la audacia resultan, por tanto, un acto de responsabilidad hacia el país y la vida de los y las uruguayas. Estamos obligados a ser audaces e imaginativos porque estamos obligados a aportar soluciones.

Bajando un poco a tierra, cuando nos planteamos cómo renovar, creemos que la pista debe venir desde la política y la ideología. Ese tipo de respuestas que necesitamos podrá ser apoyado por la ciencia y, por ejemplo, la gestión, pero estarán en el campo de la política y la ideología. Por tanto, debemos politizar e ideologizar nuestros debates. Aun en la izquierda, teniendo claro que la construcción de la unidad no pasa por la minimización de las diferencias internas -políticas e ideológicas- sino por la habilidad para llegar a síntesis colectivas. Son la política y la(s) ideología(s) las que pueden ayudarnos a saber cómo y por dónde caminar.

Nos preguntamos también quién o qué debe renovarse o transformarse radicalmente. Y estamos cerca de estar absolutamente convencidos de que el producto del ejercicio serán nuevos acuerdos colectivos. Es decir que el FA debe poner sobre la mesa sus acuerdos, discutirlos y generar nuevos, con más o menos elementos provenientes de los anteriores. Aunque planteamos que hay que ideologizar nuestros debates, esto no implica que llegaremos a acuerdos ideológicos: sabemos que al FA lo unieron y lo unen acuerdos programáticos. Por tanto, discutamos desde nuestras ideologías para acordar nuevas líneas estratégicas.

De lo anterior se desprende que lo único pasible de ser renovado es el colectivo, el Frente Amplio. Es así que es una tarea de toda la fuerza política emprender este viaje. Naturalmente, no debemos esperar a que todos soplen por igual la vela para que el barco navegue, sino que estamos dispuestos a soplar mucho, todo lo que nos sea posible, para que el Frente se transforme radicalmente, pero estamos convencidos de que en el barco debemos estar, cada vez más, todos y todas. Por eso le decimos al FA (y por tanto nos decimos, dado que este sayo nos lo ponemos sin dudar) media pila, estar a la altura de nuestro pueblo nos obliga a transformarnos.

A modo de post data: No hablamos aquí de la renovación generacional. Es verdad que la juventud es una cuestión de cabeza. Lo sabemos y actuamos en consecuencia. Los y las jóvenes, por tanto, no son garantía de renovación. Sin embargo, creemos que son una condición necesaria para transformarnos. Y creemos dos cosas más: que cuanto más rápido incluyamos a los y las jóvenes, menos habrán envejecido. Y que aun siendo igual de pacatos y tradicionales que los veteranos, los y las jóvenes tienen derecho a participar, a discutir y a decidir.

¿Un ciudadano culto o una ciudadanía cultural?

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El enfoque en las políticas culturales nacionales por parte de blancos y colorados correspondía a una mirada sesgada en beneficio de algunos actores culturales específicos. Una cultura de las elites para las elites. Como mucho, una cultura (una única Cultura, formada por los “bienes genuinamente culturales”, como dice el programa de Lacalle) de tradiciones “for export” estereotipadas, que nada tenía que ver con las necesidades cotidianas de la gente y sus múltiples identidades culturales.

Con la asunción del Frente Amplio, buena parte de las iniciativas llevadas por la Dirección Nacional de Cultura (DNC) buscaron desterrar aquellos preconceptos y estereotipos. Al mismo tiempo, se asumió desde un inicio la mediación entre los diferentes agentes que componen el diverso campo cultural nacional: creadores, comunidad académica, medios de comunicación, empresas privadas, sociedad civil y el propio Estado.

A lo largo del periodo hubo un aumento constante y significativo del presupuesto. A continuación vemos un gráfico del aumento del presupuesto general de la DNC en el primer gobierno1:

tablapresupuestocultura.png

(en 2009 $ 35.573.228 son aportes de terceros ejecutados por la

Dirección Nacional de Cultura mediante acuerdos y convenios internacionales)

Actualmente, la DNC cuenta con más de 150 millones de pesos, entre inversiones, salarios y gastos de funcionamiento. Este, sin embargo, tampoco es un presupuesto exagerado, como sugiere Lacalle, al confundir el presupuesto total del MEC con el gasto en políticas culturales. Todos, excepto Lacalle, sabemos que el área de Cultura es solo una parte del gasto total del MEC, cuya otra pata fundamental es Educación. Además, el MEC hoy cumple muchas de las funciones que son propias de un Ministerio de Justicia, y mantiene funciones en el Área de Ciencia y Tecnología.

Es un típico instinto reaccionario acusar al Estado de “malgastador”, pregonando que primero hay que ser buen administrador, antes de siquiera contar con los recursos. Recursos que en los gobiernos blancos y colorados no estuvieron disponibles para poner a prueba las virtudes administrativas de dichos gobiernos. O, en realidad, sí pudimos ver aquel desempeño y sus resultados: el abandono casi total de las instituciones e infraestructuras culturales. Ese fue su “sesgo” más prominente y lo sigue siendo hoy, cuando se proponen privatizaciones y reducciones con la excusa de mejorar la gestión y la calidad.

Es cierto que siempre se puede gastar mejor y más eficazmente. Es cierto que en los gobiernos de izquierda se cometieron y se seguirán cometiendo errores, pero solo se equivoca el que intenta radicalmente. Porque las políticas culturales del Frente Amplio son políticas en el sentido de que son un proyecto transformador orientado a cambiar las relaciones de poder que todavía limitan el ejercicio de la ciudadanía cultural. No nos conformamos con medidas orientadas a volver más “culto”, higiénico y amable al ciudadano.

Por todo lo anterior, la discusión hoy en día debe centrarse en cómo lograr la sustentabilidad de las políticas culturales en el tiempo, en evaluar y corregir lineamientos, fortalecer la institucionalidad, y promover no solamente el acceso, sino también la producción cultural ciudadana, llevando a cabo transformaciones más profundas y debates más audaces.

Fortaleciendo las instituciones culturales

El primer gobierno del Frente Amplio marcó un antes y un después. En primer lugar, se creó la DNC para que existiera un órgano encargado específicamente de las políticas culturales. Se comenzó a promover la producción a través de fondos concursables, fondos de estímulo a la formación y creación artística y fondos de incentivo cultural, con un fuerte impacto en el territorio. Se desplegaron infraestructuras culturales en todo el país con fondos específicos para su desarrollo. Se promovió la industria cultural nacional, con un Departamento de Industrias Creativas (DICREA). Se promulgaron leyes fundamentales y largamente esperadas: para la seguridad social de los artistas y su reconocimiento como trabajadores, y para la protección y fomento de instituciones postergadas en el pasado como los archivos, museos y bibliotecas. Sabemos, de todos modos, que no es suficiente con que las leyes existan; hace falta un mayor esfuerzo por ejecutarlas y hacerlas cumplir.

Se recuperaron instituciones históricas abandonadas por años, como el Complejo Adela Reta del SODRE en Montevideo, e importantes infraestructuras en el interior. Y se apostó por una renovación, con la creación del Espacio de Arte Contemporáneo, el Museo Figari, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay.

Además, los procesos para acceder a estos espacios que el Estado pone a disposición para la producción cultural, se abrieron a la ciudadanía. Y aunque a Lacalle le parezca que solamente se apoya a la “cultura compañera”, a lo mejor le interesaría enterarse de que en la actualidad, a diferencia de las épocas de blancos y colorados, existen asignaciones por concurso, limpio y llano.

Como bien dice Lacalle, históricamente ha existido una tensión cultural Montevideo – Interior, donde la capital ha hegemonizado gran parte de la multiculturalidad del país. Pero hoy en día, viendo los resultados de algunas políticas culturales territoriales que implementó la DNC en coordinación con todas las intendencias, comienza a resignificarse y a romperse esta hegemonía. Se crearon espacios nuevos e inclusivos para dar soporte a una pluralidad de expresiones culturales en todo el país, como los 123 Centros MEC, las 11 Usinas de Cultura y las 25 Fábricas de Cultura, donde participa población en situación de calle o presos, por citar dos ejemplos.

El Ir y sus énfasis programáticos para renovar las políticas culturales

Cada una de estas leyes y políticas marcó un salto cualitativo enorme con respecto a los gobiernos anteriores, pero todavía falta mucho por delante. En breve vamos a estar publicando en nuestra web los énfasis programáticos del Ir, incluyendo los de cultura. Nos gustaría adelantar aquí algunas de las ideas que nos guían.

Debemos terminar con el concepto de la cultura como adorno o “gente que hace espectáculos” y consolidar el concepto de cultura como derecho humano. La cultura debe tener antes que nada un fin social, primando el bien común por sobre el interés privado. Este es nuestro sesgo, nuestra opción política. Mientras que las propuestas de la derecha hacen énfasis sobre todo en el acceso y en “fortalecer la capacidad de apreciar y elegir”, con lo que estamos de acuerdo, nosotros queremos también más capacidad social de apropiación, transformación y producción de bienes culturales. En este sentido, proponemos dar continuidad al proceso de construcción de la ciudadanía cultural.

Asimismo, proponemos reformar algunos de los aspectos legales que restringen el acceso a los bienes culturales y supeditan la cultura al concepto de propiedad privada. Es necesario reformar la ley de propiedad intelectual, legalizando los usos y copias de obras con fines educativos, así como las copias personales y el intercambio de archivos sin ánimo de lucro. Las acciones de las personas para ejercer sus derechos a la cultura y la educación bajo ningún concepto deben considerarse delitos penales.

Además de la legislación, la arquitectura de las instituciones debe seguir adaptándose a los cambios de la sociedad, en contacto directo con los protagonistas. Si no ocurre de esta manera, se generarán rigideces instrumentales en la aplicación de ciertas políticas culturales, por ejemplo, las que se desarrollan en el territorio. Creemos que hay una enorme dispersión y una superposición de instituciones que deberían ordenarse con más coherencia. Se precisa una mayor participación de los distintos protagonistas del ámbito cultural tanto en el planeamiento como en la puesta en práctica de las políticas culturales. El próximo gobierno debe convocar a un debate nacional con gran participación popular, para ir hacia la creación de un Sistema Nacional de Cultura.

Debemos continuar fortaleciendo los vínculos culturales con otros países, en especial con América Latina, promoviendo el reconocimiento de las culturas locales, regionales y de fronteras.

Finalmente, es necesario aprovechar las nuevas tecnologías de una manera inteligente. La comunicación, promoción y mediación cultural a través de Internet debe usarse para complementar el trabajo en el territorio y facilitar la colaboración, y no solamente para difundir eventos, como plantea Lacalle.

Por todo lo hecho, y por lo que falta hacer, debemos evitar la fácil tentación en la que caen Lacalle y su programa con eso de que “la cultura es todo”. Si “la cultura es todo”, entonces en los hechos la cultura es nada.

Frente a las propuestas de Lacalle nos encontramos, como siempre que se leen las iluminadas propuestas de la derecha, con la reinvención de la pólvora: un programa para hacer lo ya hecho y crear lo ya existente (por los gobiernos del FA y nunca por sus antecesores blancos y colorados). Estas propuestas iluminadas vienen adornadas con una serie de lugares comunes y discursos genéricos de lo que “debe ser” con los que nadie en su sano juicio estaría en desacuerdo. ¿Por qué, entonces, nos hemos tomado el trabajo de analizar y responder algunas de las ideas “por la positiva” de Lacalle? Porque percibimos los matices que caracterizan a la derecha moderna y aggiornada detrás de la cual se esconden los instintos más reaccionarios.

Lo que en verdad hace falta, lo que nosotros proponemos, es identificar problemas reales, llegar a acuerdos programáticos e implementar acciones concretas. De esto, y no de otra cosa, se trata una agenda transformadora en materia de políticas culturales.

 

1. Ver: Informe de Gestión marzo 2005-setiembre 2009. Dirección Nacional de Cultura, MEC. En: http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/v/1790/8/mecweb/indicadores?leftmenuid=1790

Minería: no a cualquier costo ni de cualquier manera

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Consideramos que es fundamental valorar las preocupaciones ambientales planteadas por la sociedad. Partimos de la idea de que estas preocupaciones forman parte del ideario de izquierda, y de que es necesario hacer una crítica ambiental al modelo de desarrollo actual y a la desigual distribución de los costos sociales y ambientales del desarrollo. Compartimos también la preocupación del movimiento de los trabajadores de que la actividad minera debe realizarse en condiciones de trabajo, seguridad y salud adecuadas.

Por eso, la verdadera cuestión es: qué minería queremos, en el marco de qué modelo de desarrollo. En otras palabras: minería sí, pero no a cualquier costo ni de cualquier manera.

Los pros y contras de la explotación minera en nuestro país

Se espera que los proyectos mineros diversifiquen la producción primaria, con un nivel de actividad económica del orden del 5% del PBI, similar a la ganadería, agricultura y forestación, afectando una superficie de terreno mínima (la actual superficie minera es el 0.1% de la superficie total “disponible” de 140.000 km2 y Aratirí afectaría otro 0.1%).

Por otra parte, aproximadamente el 50% de la renta neta de la actividad minera será para el Estado. Esta renta se compone del IRAE, el canon minero y un adicional del IRAE que es progresivo, según el precio internacional del hierro. A medida que el hierro tenga más valor, el porcentaje que recauda el Estado será mayor.

El 70% del ingreso del Estado va a un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversiones, administrado por el Banco Central para invertir en actividad financiera de bajo riesgo. Los intereses generados se volcarán a actividades de I+D. El restante 30% va al Poder Ejecutivo, que debe utilizarlos en proyectos productivos, sociales y ambientales, en el desarrollo de las zonas mineras, en la DINAMA y DINAMIGE y en instituciones terciarias del Interior.

Por el proyecto Aratirí los Ingresos del Estado serán de unos 500 millones de dólares por 15 años. Esto representa un 1% del PBI y un 5% del presupuesto nacional durante esos años (del orden del presupuesto del Ministerio de Defensa, o los de la UdelaR y el INAU juntos). Estos recursos pueden contribuir a profundizar los logros sociales de los últimos años y protegerlos ante variaciones negativas en el ciclo económico.

En cuanto a resguardos ambientales, sociales y económicos, la ley de minería de gran porte prevé que las empresas mineras realicen depósitos de garantía de fiel cumplimiento de contrato, así como garantías de ejecución de las medidas de gestión ambiental. Asimismo, la ley establece que en el plan de impacto ambiental y en el control y seguimiento del mismo se deben utilizar los mejores estándares internacionales disponibles. Se crea una comisión de seguimiento con participación de actores sociales locales y una auditoría internacional de los planes de impacto ambiental.

Sin embargo, los beneficios y resguardos enumerados no nos impiden ver que hay problemas estructurales en Uruguay que plantean serios riesgos.

El proyecto de minería a gran escala en nuestro país se viene concibiendo como una actividad primaria puramente extractiva, lo que es evidente por los tiempos de explotación que plantea Aratirí. Debemos pensar si esta es la minería que queremos. Preferimos una minería que se encadene en procesos productivos con mayor valor agregado. Aratirí no debe ser el estándar para la explotación de nuestros recursos mineros.

Es necesario invertir en Investigación y Desarrollo para integrar las cadenas productivas y superar la dependencia de las actividades primarias y extractivas. Tanto en la minería como en todas las demás actividades primarias se deben usar los recursos generados de manera direccionada para cambiar el modelo extractivista; la tentación del dinero fácil no puede continuar conduciendo a una consolidación y perpetuación de este modelo.

La minería a gran escala conlleva riesgos ambientales importantes. Entre ellos, la contaminación con minerales; la afectación de ecosistemas asociados a cursos de agua y humedales; la contaminación por ruido y polvo; los riesgos estructurales en la presa de relaves; la afectación de la infraestructura vial y el impacto en el ecosistema marino ante posibles accidentes en la carga de los barcos.

Sin embargo, no ha habido una mejora significativa en la institucionalidad ambiental ni en nuestra capacidad de control de los procesos productivos en general. No solo de los mineros; tampoco en los planes de manejo de suelos, de manejo de residuos industriales, de vertidos de efluentes líquidos y de emisiones atmosféricas. Es imposible e inaceptable que nuestro país continúe con la actual infraestructura institucional en materia de control y cuidado ambiental. La reestructura a fondo de la institucionalidad ambiental es una condición básica para afrontar los desafíos futuros.

Finalmente, en cuanto a la dimensión del trabajo, la minería creará nuevos puestos mejorando posiblemente los salarios en las zonas de explotación. Sin embargo, la minería es una actividad que también conlleva riesgos laborales. Es fundamental entonces que Uruguay incorpore en la normativa nacional el convenio de la OIT Nº 176 que establece las condiciones de seguridad industrial y saludpara los trabajadores mineros.

Propuestas del Ir para el escenario actual

– Para el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental:

1) Es imperiosa la asignación de recursos desde ya para el control de las actividades extractivas: contratar técnicos y operadores, realizar formación, montar laboratorios, etc. Se debe prever un adelanto importante de ingresos por la explotación minera de Aratirí para el fortalecimiento de las capacidades de la DINAMA, DINAMIGE y de las Intendencias involucradas.

2) Creación de un Ministerio de Ambiente que integre las políticas de aguas, suelos, aire y ordenamiento territorial, fortaleciendo el control ambiental para prevenir la contaminación urbana e industrial, e incorporando el control de la actividad agrícola. La actual DINAMA y otras reparticiones existentes en diversos organismos pasarían a integrar este nuevo ministerio que debería contar con una robusta plantilla de técnicos altamente calificados y bien remunerados para evitar su cooptación por parte del sector privado (tal como se hizo en su momento con los funcionarios de la DGI). Se debería valorar, asimismo, la creación de un Instituto de Ambiente para realizar estudios de mediano y largo plazo. Complementariamente, debería mejorarse la interrelación entre los organismos de la Administración Central y entre estos y las Intendencias.

3) Información y participación ciudadana: hay que mejorar el acceso a la información para asegurar una participación activa de la población en la evaluación de proyectos de desarrollo, así como revisar los mecanismos de participación pública para permitir una actuación efectiva en la toma de decisiones.

– Para ir hacia un cambio en el modelo de desarrollo:

4) Construir un plan nacional de I+D, productivo y ambiental, es decir, un plan de desarrollo sostenible real que integre las cadenas productivas, centrándose en la necesidad de superar las actividades primarias y extractivas. Este plan debería incluir una fuerte inyección de recursos obtenidos de la venta de commodities. Debería integrar a las instituciones de educación terciarias y a las empresas públicas y privadas.

5) Creación de fondos para la generación de proyectos ambientales de remediación de impacto ambiental cofinanciados por el Estado y las empresas participantes en los emprendimientos productivos.

– Para la explotación del hierro, en particular:

6) Crear un centro de I+D y polos de desarrollo en el área de materiales, donde además se desarrollen cursos de nivel universitario y técnico para generar recursos humanos en el manejo del hierro como metal.

7) Prever el ingreso del Estado en la explotación minera, en el mediano plazo, utilizando fondos de reservas nacionales y generadas por el proyecto Aratirí

La mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder

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Nuestro país tiene un problema grave en cuanto a la calidad de su democracia. Nosotros y nosotras nos proponemos decir pero también hacer. Además de tener paridad de hombres y mujeres en todos nuestros organismos internos, presentaremos listas paritarias, la mitad de mujeres y la mitad de varones, en el próximo ciclo electoral, superando el tercio que fija la ley de cuotas. Además, apoyamos a Constanza Moreira, la única mujer precandidata a la presidencia de la República.

Aunque pueda parecer anacrónico es importante preguntarnos por qué necesitamos más mujeres en cargos de decisión política. Un gran instrumento de dominación y de ejercicio del poder es la capacidad de presentar lo propio como lo universal. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, se pretendía universal, pero no incluía a las mujeres ni a los esclavos en el concepto de “hombre y ciudadano”. En su aparente normalidad, objetividad o neutralidad la universalidad esconde un sujeto históricamente masculino, que muchas veces invisibiliza situaciones, sensibilidades, personas.

Así como es muy difícil -tal vez imposible- que un término represente a todas las personas, situaciones y sensibilidades, creemos lo mismo sobre los seres humanos. Un diputado o diputada no va a poder representar toda la heterogeneidad presente en la sociedad a la que pertenece. Seguramente, habrá sectores de la población que estarán subrepresentados, o no representados en absoluto. Es grave cuando esta situación de subrepresentación ocurre con el 51,991 de la población en Uruguay, las mujeres.

En el período que va de 2005 a 2010, hubo un 25%2 de mujeres ocupando cargos en el gabinete ministerial. En el período actual, sólo el 17,9%3 de los cargos de ministro, subsecretario y director general de secretaría son ejercidos por mujeres (recuérdese siempre que son casi el 52% de la población). En 2005, de los parlamentarios electos, sólo el 10,8%4 fueron mujeres. En 2010 fueron el 14,6%5.  Como primera conclusión, sencilla y sin vueltas: estamos mal, muy mal. La democracia uruguaya no está funcionando.

¿Dónde está el problema? Seguramente difuminado en todos los estamentos, esferas, arenas y grupos que tienen que ver con el proceso de elección de cargos políticos. Sin embargo, el problema más grave es que las mujeres, en Uruguay, en su mayoría siguen sin ser elegibles. A pesar de que la Constitución permite que una mujer sea elegible en igualdad de condiciones, esto no ocurre. Hay innumerables dispositivos que operan en las estructuras partidarias que hacen que las mujeres sean menos consideradas para ocupar cargos de gobierno. Ejemplo de esto es la cantidad de trampas que los partidos y grupos están pergeñando para evitar cumplir con la cuota.6 ¿Tan incapaces creen a las mujeres que cuesta tanto cumplir con ese pobre tercio? ¿Tan poco aportan a la vida política del país? Seguramente el problema no sea que las consideren así estos partidos y grupos. El problema, entonces, está en que quienes tienen el poder -en todas las fuerzas políticas, incluido el FA- no están dispuestos a que se redistribuya.

Argumentar que lo que existe es una especie de libre mercado donde las capacidades son las que regulan todo, es subestimar a las mujeres y creer que -tomando el caso de las elecciones de 2009- solo el 28% del total de las mujeres es capaz de ejercer cargos legislativos. Este absurdo, solo apoyado por alguien que siga creyendo en la superioridad de un género sobre otro, muestra que se debe trabajar sobre los mecanismos que operan en la conformación de las propuestas electorales.

Claro está que a lo largo de la historia las mujeres se han desempeñado principalmente en la esfera privada, postergando el mundo de lo público (empleo, actividad social y política) dejando al hombre “proveedor” en ese ámbito. Sin embargo, en los últimos años y a raíz de las nuevas realidades, las mujeres se han integrado al estudio y al trabajo, pero sin dejar de lado sus tareas de carácter doméstico.

En este sentido, el cuidado de las personas en situación de dependencia sigue siendo casi exclusivamente femenino, una de las razones que podría explicar la tan postergada participación de las mujeres en política. Ser mujer implica normalmente la escasez de uno de los recursos más importantes en política: tiempo. A esto hay que sumarle el denominado “castigo moral”, es decir, el contrato de género que aun está presente en nuestra sociedad e implica que quien lo incumpla está faltando a su mandato social, ateniéndose a las consecuencias.

Es por ello que para poder transformar esta realidad necesitamos una sociedad corresponsable, donde hombre y mujer se ocupen del mundo privado de manera compartida. Pero que también el Estado y la sociedad lo entiendan así. Contar con un Sistema de Cuidados, que garantice que tanto varones como mujeres puedan disponer de su tiempo de manera paritaria, es una clave fundamental para que estos rumbos se conviertan en una realidad.

La historia reciente ha demostrado que el FA tiene problemas para resolver las inequidades de género y le ha costado mucho avanzar específicamente en temas vinculados a la representación política de las mujeres. También la historia reciente ha demostrado que el FA es la única fuerza política que puede llegar a corregir estas inequidades. El Frente Amplio tiene ahora una presidenta mujer -que fue apoyada en elecciones abiertas por buena parte de los y las frenteamplistas-, lo que es un avance en términos de equidad de género y redistribución del poder. Como creemos que el FA es el único camino para resolver estas inequidades, apoyamos a Constanza, para debatir también por qué no podemos pensar en tener una presidenta mujer.

Abrir las estructuras a la participación de las mujeres implica esfuerzos por parte de todos los y las integrantes de dichas organizaciones. En el Ir los vivimos diariamente. Tenemos desde nuestro inicio órganos de dirección paritarios. A veces nos reunimos con varios niños y niñas correteando alrededor, hijos e hijas de nosotros y nosotras. Tenemos diseñado un pequeño sistema de cuidados a nuestra interna, que implica también prever el cuidado de los dependientes durante nuestras reuniones (y festejos), para que sus padres y madres puedan participar. Estos ejemplos, pequeños y propios de nuestro microclima, son ejemplo de los obstáculos que hay que saltar pero también son motivo de orgullo para el Ir. Nos infla el pecho saber que estamos haciendo todos los esfuerzos -con dichos y con hechos- para que haya más participación de las mujeres en política. Este es un aporte que queremos sumar al FA y al sistema político.

Nuestra voluntad política es clara. Que las mujeres tengan la mitad de lo que le corresponde a la humanidad: “la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder”.7

1. Datos del Censo de Población de 2011.
2. Fuente: Sistema de Información de Género (SIG) – Inmujeres – MIDES.
3. Fuente: Johnson, Niki (2013) Mujeres en cifras. El acceso de las mujeres a espacios de poder en Uruguay. Montevideo: ICP – FCS – UDELAR – Cotidiano Mujer.
4. SIG – Inmujeres – MIDES.
5. Ibídem.
6. Existe una ley de cuotas, aprobada en el período pasado y que establece para estas elecciones (y solo para estas elecciones de 2014-2015) que debe haber un tercio de mujeres en las listas de los partidos y sectores.
7. Simone de Beauvoir. Filósofa francesa, autora fundante del primer feminismo.