La mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder

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Nuestro país tiene un problema grave en cuanto a la calidad de su democracia. Nosotros y nosotras nos proponemos decir pero también hacer. Además de tener paridad de hombres y mujeres en todos nuestros organismos internos, presentaremos listas paritarias, la mitad de mujeres y la mitad de varones, en el próximo ciclo electoral, superando el tercio que fija la ley de cuotas. Además, apoyamos a Constanza Moreira, la única mujer precandidata a la presidencia de la República.

Aunque pueda parecer anacrónico es importante preguntarnos por qué necesitamos más mujeres en cargos de decisión política. Un gran instrumento de dominación y de ejercicio del poder es la capacidad de presentar lo propio como lo universal. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, se pretendía universal, pero no incluía a las mujeres ni a los esclavos en el concepto de “hombre y ciudadano”. En su aparente normalidad, objetividad o neutralidad la universalidad esconde un sujeto históricamente masculino, que muchas veces invisibiliza situaciones, sensibilidades, personas.

Así como es muy difícil -tal vez imposible- que un término represente a todas las personas, situaciones y sensibilidades, creemos lo mismo sobre los seres humanos. Un diputado o diputada no va a poder representar toda la heterogeneidad presente en la sociedad a la que pertenece. Seguramente, habrá sectores de la población que estarán subrepresentados, o no representados en absoluto. Es grave cuando esta situación de subrepresentación ocurre con el 51,991 de la población en Uruguay, las mujeres.

En el período que va de 2005 a 2010, hubo un 25%2 de mujeres ocupando cargos en el gabinete ministerial. En el período actual, sólo el 17,9%3 de los cargos de ministro, subsecretario y director general de secretaría son ejercidos por mujeres (recuérdese siempre que son casi el 52% de la población). En 2005, de los parlamentarios electos, sólo el 10,8%4 fueron mujeres. En 2010 fueron el 14,6%5.  Como primera conclusión, sencilla y sin vueltas: estamos mal, muy mal. La democracia uruguaya no está funcionando.

¿Dónde está el problema? Seguramente difuminado en todos los estamentos, esferas, arenas y grupos que tienen que ver con el proceso de elección de cargos políticos. Sin embargo, el problema más grave es que las mujeres, en Uruguay, en su mayoría siguen sin ser elegibles. A pesar de que la Constitución permite que una mujer sea elegible en igualdad de condiciones, esto no ocurre. Hay innumerables dispositivos que operan en las estructuras partidarias que hacen que las mujeres sean menos consideradas para ocupar cargos de gobierno. Ejemplo de esto es la cantidad de trampas que los partidos y grupos están pergeñando para evitar cumplir con la cuota.6 ¿Tan incapaces creen a las mujeres que cuesta tanto cumplir con ese pobre tercio? ¿Tan poco aportan a la vida política del país? Seguramente el problema no sea que las consideren así estos partidos y grupos. El problema, entonces, está en que quienes tienen el poder -en todas las fuerzas políticas, incluido el FA- no están dispuestos a que se redistribuya.

Argumentar que lo que existe es una especie de libre mercado donde las capacidades son las que regulan todo, es subestimar a las mujeres y creer que -tomando el caso de las elecciones de 2009- solo el 28% del total de las mujeres es capaz de ejercer cargos legislativos. Este absurdo, solo apoyado por alguien que siga creyendo en la superioridad de un género sobre otro, muestra que se debe trabajar sobre los mecanismos que operan en la conformación de las propuestas electorales.

Claro está que a lo largo de la historia las mujeres se han desempeñado principalmente en la esfera privada, postergando el mundo de lo público (empleo, actividad social y política) dejando al hombre “proveedor” en ese ámbito. Sin embargo, en los últimos años y a raíz de las nuevas realidades, las mujeres se han integrado al estudio y al trabajo, pero sin dejar de lado sus tareas de carácter doméstico.

En este sentido, el cuidado de las personas en situación de dependencia sigue siendo casi exclusivamente femenino, una de las razones que podría explicar la tan postergada participación de las mujeres en política. Ser mujer implica normalmente la escasez de uno de los recursos más importantes en política: tiempo. A esto hay que sumarle el denominado “castigo moral”, es decir, el contrato de género que aun está presente en nuestra sociedad e implica que quien lo incumpla está faltando a su mandato social, ateniéndose a las consecuencias.

Es por ello que para poder transformar esta realidad necesitamos una sociedad corresponsable, donde hombre y mujer se ocupen del mundo privado de manera compartida. Pero que también el Estado y la sociedad lo entiendan así. Contar con un Sistema de Cuidados, que garantice que tanto varones como mujeres puedan disponer de su tiempo de manera paritaria, es una clave fundamental para que estos rumbos se conviertan en una realidad.

La historia reciente ha demostrado que el FA tiene problemas para resolver las inequidades de género y le ha costado mucho avanzar específicamente en temas vinculados a la representación política de las mujeres. También la historia reciente ha demostrado que el FA es la única fuerza política que puede llegar a corregir estas inequidades. El Frente Amplio tiene ahora una presidenta mujer -que fue apoyada en elecciones abiertas por buena parte de los y las frenteamplistas-, lo que es un avance en términos de equidad de género y redistribución del poder. Como creemos que el FA es el único camino para resolver estas inequidades, apoyamos a Constanza, para debatir también por qué no podemos pensar en tener una presidenta mujer.

Abrir las estructuras a la participación de las mujeres implica esfuerzos por parte de todos los y las integrantes de dichas organizaciones. En el Ir los vivimos diariamente. Tenemos desde nuestro inicio órganos de dirección paritarios. A veces nos reunimos con varios niños y niñas correteando alrededor, hijos e hijas de nosotros y nosotras. Tenemos diseñado un pequeño sistema de cuidados a nuestra interna, que implica también prever el cuidado de los dependientes durante nuestras reuniones (y festejos), para que sus padres y madres puedan participar. Estos ejemplos, pequeños y propios de nuestro microclima, son ejemplo de los obstáculos que hay que saltar pero también son motivo de orgullo para el Ir. Nos infla el pecho saber que estamos haciendo todos los esfuerzos -con dichos y con hechos- para que haya más participación de las mujeres en política. Este es un aporte que queremos sumar al FA y al sistema político.

Nuestra voluntad política es clara. Que las mujeres tengan la mitad de lo que le corresponde a la humanidad: “la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder”.7

1. Datos del Censo de Población de 2011.
2. Fuente: Sistema de Información de Género (SIG) – Inmujeres – MIDES.
3. Fuente: Johnson, Niki (2013) Mujeres en cifras. El acceso de las mujeres a espacios de poder en Uruguay. Montevideo: ICP – FCS – UDELAR – Cotidiano Mujer.
4. SIG – Inmujeres – MIDES.
5. Ibídem.
6. Existe una ley de cuotas, aprobada en el período pasado y que establece para estas elecciones (y solo para estas elecciones de 2014-2015) que debe haber un tercio de mujeres en las listas de los partidos y sectores.
7. Simone de Beauvoir. Filósofa francesa, autora fundante del primer feminismo.

Derechos culturales y derecho de autor: discutamos en serio

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La extensión se incorpora sin debate previo en el artículo 218 del proyecto, el cual eleva en 20 años el dominio privado sobre las obras culturales. De esta manera, se restringe el acceso libre de la sociedad a las mismas, se dificultan y encarecen las actividades culturales y se ponen trabas a los usos educativos del patrimonio cultural.

Dado que en general los titulares de las obras no son los autores ni los intérpretes sino las empresas editoras y productoras de carácter fuertemente concentrado, hay buenas razones para pensar que los verdaderos beneficiados de una medida como la propuesta no serán los creadores. A esto se suma que, en el caso de los autores, se trata de una extensión del plazo del monopolio que ocurre luego de la muerte de los mismos.

La legislación sobre derechos de autor es de enorme importancia para el país, dado que impacta en el derecho de acceso a la cultura, en la circulación del conocimiento y en su distribución social. Una cuestión de esta magnitud merece ser tratada ampliamente y a la luz del día, en un debate público que incluya a los distintos intereses involucrados. Estos intereses incluyen no solo a las entidades de gestión de derechos y a las cámaras empresarias, sino también al vasto y diverso ámbito de los creadores, a las instituciones culturales y educativas y al conjunto de la ciudadanía.

El respeto por los derechos de los creadores debe ejercerse asegurándoles una retribución económica justa como medio de vida por su producción, cuestión que históricamente ha sido dejada de lado por el Estado uruguayo y que los gobiernos del Frente Amplio han comenzado a revertir con el Estatuto del artista y oficios conexos (Ley 18.384) y otras medidas que tienden a profesionalizar el trabajo artístico. Creemos que es mejor profundizar este tipo de medidas, en lugar de imponer restricciones severas al acceso a la cultura.

En el Ir estamos comprometidos con promover una sociedad del conocimiento democrática y participativa. Creemos que el Frente Amplio, como fuerza política de izquierda, debe cuestionar las visiones hegemónicas sobre la propiedad del conocimiento, las cuales alientan una privatización cada día más amplia de los bienes comunes. Estamos convencidos de que la creatividad y el disfrute cultural de las nuevas generaciones no deben restringirse ni reprimirse, sino alentarse por todos los medios posibles, y que esto no necesariamente entra en contradicción con los derechos económicos y morales de los artistas y trabajadores culturales, que incluyen el derecho a un nivel de vida digno y a ser reconocidos por el aporte que realizan a la sociedad.

Le pedimos al Frente Amplio y a nuestros representantes que no voten el artículo 218 de la Rendición de Cuentas y proponemos al  Ministerio de Educación y Cultura la realización de un debate amplio, inclusivo y participativo sobre los derechos de autor.

Ni un voto a la hipocresía

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En una columna hace ya un tiempo hablábamos de la reacción conservadora ante los avances que la sociedad civil organizada había logrado conquistar. Estamos ante un momento crucial donde lo que está en juego es si Uruguay sigue avanzando hacia más democracia, más equidad, más libertad y más ciudadanía, o si vuelve a ser una sociedad hipócrita que ante los problemas de la gente mira para el costado. Continúa leyendo Ni un voto a la hipocresía