¿Qué educación queremos?

La mayoría de las fuerzas sociales y políticas de nuestro país reivindican el papel del Estado y la educación pública, asumiendo tácitamente que la mercantilización de la enseñanza no resuelve nada, exceptuando quizás a la derecha más rancia.

La mayoría de las fuerzas sociales y políticas de nuestro país reivindican el papel del Estado y la educación pública, asumiendo tácitamente que la mercantilización de la enseñanza no resuelve nada, exceptuando quizás a la derecha más rancia.

En el siglo XX la construcción de nuestra democracia y la ampliación de la misma ha estado siempre ligada a la educación pública. Hace 45 años se inició el giro autoritario impulsado por los sectores dominantes, representados por el gobierno de Pacheco. El 14 de Agosto de 1968 el Estado asesinaba por primera vez a un estudiante. Liber Arce participaba de una marcha de protesta contra la brutal incursión de la policía en los locales universitarios. Unas semanas después serían asesinados otros dos estudiantes que se manifestaban en solidaridad con las movilizaciones de los obreros del Cerro. Les seguirían otros mártires.  El ejercicio sistemático de la represión estatal contra el movimiento popular arrasaría, en solo cinco años, con nuestras instituciones democráticas, y desembocaría en el golpe de estado de 1973. Pero este asalto a la democracia iniciado por las élites políticas no era casual, sino que configuraba una nueva estrategia de clase luego de un largo proceso de democratización social que amenazaba los privilegios de los sectores dominantes.  Es que en las dos décadas que precedieron al 68 uruguayo, los estudiantes, junto con los intelectuales y los trabajadores organizados, habían logrado importantes niveles de participación y autonomía respecto a las élites políticas.

El pleno cumplimiento del derecho a la educación no puede disociarse de la defensa de nuestra convivencia democrática. La respuesta autoritaria iniciada en 1968 y continuada en la dictadura no fue suficiente para destruir el consenso social respecto a la importancia de estas tradiciones, pero sí logro estancar el sistema educativo e instaurar modos de convivencia no-democráticos. Los gobiernos neoliberales de la post-dictadura no revirtieron totalmente estos procesos, en particular en el sistema educativo no se generaron nuevas formas de significar procesos y prácticas educativas acordes a las nuevas realidades sociales emergentes. En términos de convivencia no se revirtieron procesos de desintegración social; por ejemplo, se profundizó la segmentación geográfica.

Tenemos entonces la convicción de que la democratización de la educación es un aspecto central y constitutivo de nuestra democracia. Pero también es evidente que con eso no alcanza: nuestra educación está altamente segregada por clase social, y los resultados en términos de calidad e inclusión educativa en los niveles superiores de educación dejan mucho que desear. El acceso de todos los ciudadanos, en especial de los más pobres, al conocimiento avanzado es hoy requisito indispensable para construir una democracia  más justa e igualitaria y una sociedad más integrada.  De ello dependerá el futuro que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. La izquierda, hoy en el gobierno, antes en la resistencia, es la única que puede modificar esta realidad. Partiendo de nuestra rica tradición democrática, la izquierda debe estar a la altura del desafío histórico

Esto nos lleva al segundo punto en el que posiblemente coincidan todos los frenteamplistas: no alcanza solo con ponernos de acuerdo sobre lo que no queremos ser. Del consenso negativo, el de la resistencia, debemos pasar al consenso positivo, el de la transformación. Para ello se necesita consenso democrático.

Si se trata entonces de democratizar democráticamente la educación, es preciso crear confianza. Habrá que transar, sin dudas, pero sobre la base de mínimos comunes, que generen amplios apoyos a las orientaciones de las reformas. Y para crear estos mínimos comunes, requisito de la confianza, es necesario clarificar las orientaciones ideológicas sobre las que se basará la reforma, y desterrar algunos mitos muy difundidos (incluso desde la izquierda política) que, quizás sin que nos demos cuenta, forman parte del discurso neoliberal hegemónico en el mundo desde hace 30 años. En lo que sigue, proponemos un listado de asuntos que a nuestro juicio deberían constituir el punto de partida para la elaboración de estos mínimos consensos.

  1. El cumplimiento del derecho a la educación es un pilar fundamental en el desarrollo de una sociedad más justa y democrática,  pero no puede justificarse sobre la base de la acumulación de un “capital humano” al servicio del “desarrollo económico”. La educación es un fin en sí mismo, es un derecho fundamental para la autonomía de las personas, el desarrollo del espíritu crítico, el cultivo de las artes, las ciencias y la cultura. Ningún proyecto político orientado hacia la emancipación humana puede prescindir de la educación. Pero los seres humanos no somos un “capital”. No somos un “factor de producción” al servicio de la acumulación ilimitada de riqueza. Los liceos y las universidades no pueden ser concebidos como centros de producción de máquinas humanas cuyo único valor se mide en función del grado en que estas pueden ser empleadas por el Capital. Debemos reconocer que esta perspectiva sobre el valor esencialmente humano de la educación ha perdido peso incluso dentro de la izquierda. La penetración del discurso economicista, que subordina la educación a los intereses del Capital, es un fenómeno mundial. En la sociedad del conocimiento, la educación se vuelve crecientemente una mercancía, porque sus “productos” son vistos como el “capital” que permite el desarrollo de las fuerzas productivas. No es casualidad que la educación haya perdido autonomía, que esté crecientemente capturada por los intereses de las grandes corporaciones, y que los gobiernos de las naciones, en especial de los países periféricos y dependientes, busquen alinear la formación de sus ciudadanos a las necesidades del Capital. Esta visión debe ser combatida desde la izquierda. Ante la evidente penetración del resultadismo tecnocrático, es natural la desconfianza de los educadores, que en los últimos 30 años han visto cómo un ejército creciente de técnicos de las ciencias sociales y expertos en numerología opinan, miden, evalúan, planifican, diseñan y definen lo que debe hacerse en educación. Esto no significa descartar la importancia de estos nuevos saberes expertos. Tampoco significa que no debamos mejorar, ni plantearnos metas ambiciosas, basadas en resultados concretos. Implica reconocer que cualquier programa democrático de reforma educativa debe fundarse en razones distintas a las tecnocráticas, y que el saber específico de los educadores debería ser respetado.
  2. Ninguna reforma democrática de la educación será sustentable si no dignificamos la tarea docente y reconocemos su importancia social. Es evidente que gracias al esfuerzo presupuestal de los dos gobiernos de izquierda, los profesores y maestros han tenido un aumento significativo del salario en los últimos años, y eso ha ocurrido luego de décadas de postergación en las que la derecha degradó sistemáticamente la profesión docente. Pero también es evidente que no alcanza con pagar salarios dignos. Porque los docentes son trabajadores con altos niveles de calificación, y deben ser remunerados en consecuencia. Sólo el día que un maestro o un profesor gane lo mismo que un contador del Banco República, un abogado de la DGI, o un ingeniero de ANTEL, habremos dignificado la función docente. Es que el incremento del salario docente no es solo un problema de justica: es una necesidad social. Sólo así podremos exigir una mejora continua de la calidad de la enseñanza. Sólo así lograremos que nuestros mejores cuadros científicos e intelectuales se vuelquen a la formación de las nuevas generaciones. La docencia debería ser la profesión más prestigiosa, y un gobierno de izquierda debería trabajar por alcanzar el reconocimiento social que la docencia merece.
  3. Para dignificar la función docente, es necesario crear condiciones para el aumento sustancial de la inversión pública en educación. Es falso que no existe capacidad fiscal para ello. En primer lugar, porque es posible, con voluntad política, alterar la estructura de nuestro gasto público para priorizar aún más la inversión educativa. Por ejemplo, nuestro gasto en Defensa es uno de los más altos de América Latina. Podríamos perfectamente plebiscitar una iniciativa de reforma constitucional que establezca la eliminación del ejército nacional y la transferencia de los recursos disponibles al ministerio de Educación, la Universidad Tecnológica, o la futura (y necesaria) Universidad de Educación. O también, de existir acuerdo en el Frente Amplio, impulsar la reducción paulatina de los recursos presupuestales destinados al ejército reasignándolos para aumentar los recursos destinados a la educación pública. En segundo lugar, puede mejorarse la disponibilidad de recursos fiscales para la educación con retoques mínimos en nuestro sistema tributario. Dos ejemplos. Primero, la educación privada, un negocio muy redituable que además garantiza la reproducción de los privilegios de nuestras clases acomodadas. Está exonerada de parte de los aportes patronales, pero lo más importante es la gigantesca subvención que le otorga el artículo 69 de la Constitución debido al cuál también está exonerada de impuestos nacionales y municipales. Esta exención fiscal opera como un subsidio encubierto a los sectores de altos ingresos, lo que supone una redistribución regresiva del ingreso. Ese dinero debería estar disponible para que el Estado subsidie a quien realmente lo necesita, extendiendo las becas para que los pobres asistan a la educación, o mejorando la asignación presupuestal de los liceos y escuelas públicas. ¿Por qué en lugar de destinar estos recursos a la educación privada no eliminamos el artículo 69 de la actual Constitución y asignamos esos recursos al financiamiento de la educación pública?  Segundo ejemplo: la propiedad rural está exenta del pago del impuesto a primaria. ¿Por qué un jubilado propietario de un pequeño apartamento en el centro de una capital departamental debe colaborar con el financiamiento de la escuela pública, mientras que el estanciero no paga nada por este concepto? Si la propiedad rural pagara impuesto a primaria, podríamos disponer de importantes fondos frescos para financiar nuestra escuela pública, y dignificar el salario de nuestros maestros.
  4. Es impensable una mejora real de la educación pública sin el compromiso social de los ciudadanos, en especial de los que más tienen. Este compromiso tiene al menos dos dimensiones. En primer lugar, es necesario recuperar la confianza de los sectores medios y medios altos en la educación pública. Debería ser un objetivo social explícito que los hijos de los sectores más educados asistan a la educación pública y compartan sus experiencias de aprendizaje con los que menos tienen. Para ello podrían implementarse políticas específicas tendientes a disminuir el peso de la segregación residencial sobre la segregación educativa. Pero más allá de posibles incentivos orientados a recrear la heterogeneidad social al interior de los centros educativos, debe existir un compromiso expreso de los que más tienen. Esto implica que las decisiones privadas de las familias deberían estar alineadas con el objetivo social de que los liceos y escuelas públicas sean un espacio de intercambio y convivencia entre distintas clases sociales. Con escuelas y liceos solo para pobres, difícilmente mejoraremos la imagen y la calidad de nuestra educación pública. Si no desegregamos nuestros centros educativos, jamás podremos construir una sociedad sin odios y resentimientos de clase, requisito indispensable para la paz, la democracia, la justicia y la igualdad. De lo contrario, la inseguridad, y los muros que separan a ricos y pobres, seguirán creciendo inevitablemente. En segundo lugar, el compromiso de los que más tienen con la educación pública implica mayores impuestos, que deben ser correspondidos con mejores escuelas y liceos públicos. Es entendible que los sectores medios consideren que pagan muchos impuestos en relación a la calidad de los servicios públicos que reciben a cambio. Pero es falso que en Uruguay se pagan muchos impuestos. En comparación con los países que han realizado avances significativos en la construcción de un estado de bienestar, nuestra presión fiscal es todavía reducida. Sin un acuerdo social sobre la necesidad de establecer altos impuestos a la gran propiedad y los altos ingresos para financiar la inversión pública social será imposible avanzar hacia una educación pública inclusiva y de calidad.
  5. Nada de esto será posible (ni creíble) sin un programa concreto de cambios institucionales que cuente con el compromiso de docentes, padres y estudiantes. La mejora significativa del salario docente, derivada de un mayor compromiso social con la mejora de la inversión pública en educación, debería permitir avanzar de una vez por todas en dos puntos fundamentales sin los cuales será imposible incluir masivamente a los sectores populares en la educación ni mejorar la calidad de la educación pública. En primer lugar, es necesario redefinir el concepto de autonomía de la enseñanza, trasladándola al contexto local, sobre todo en educación secundaria. Los centros educativos deben ser los verdaderos agentes de la autonomía. Deben tener mayor discrecionalidad en la asignación presupuestal, decisión sobre la conformación de los elencos docentes, condiciones para adaptar el currículum a las necesidades de la comunidad educativa, y flexibilidad para elaborar sus propios proyectos pedagógicos y planes de formación para los docentes. Pero para ello es imprescindible que la institucionalidad favorezca la formación de grupos docentes estables, bien preparados, y con alta dedicación, y que la autonomía de los centros no se traduzca en mayor desigualdad. Ello implica reformar el estatuto docente y modificar el sistema de elección de horas. Hoy sabemos que la distribución de los docentes en los centros educativos tiene un carácter regresivo (los mejores docentes, con más experiencia y formación, tienden a concentrarse en los centros educativos donde no asiste la población más vulnerables). Para modificar esta realidad se necesitan incentivos claros, que obviamente deben estar atados a la mejora del salario y las oportunidades de ascenso en la carrera docente. En segundo lugar, debe ser una prioridad política nacional reformar el sistema de formación docente. Para ello es necesario completar lo antes posible el trámite parlamentario para constituir la Universidad de Educación. El desarrollo de un sistema moderno de formación docente de carácter universitario permitirá aumentar significativamente el acceso de los docentes al conocimiento avanzado, el desarrollo de los posgrados en educación, y la creación de una cultura de la investigación y la innovación educativa, sin la cual será imposible modernizar las prácticas al interior del aula. Naturalmente, la Universidad de Educación requerirá de un esfuerzo presupuestal mayúsculo, pero sólo así será posible dignificar la función docente.
  6. Finalmente, es necesario fortalecer la movilización y participación estudiantil en todo el proceso de reforma. En este punto, y volviendo al principio, los chilenos tienen algo muy importante que nosotros no tenemos: los actores principales del proceso educativo, los sujetos de los cuales se espera ejerzan el derecho a la educación, se encuentran hoy en la calle, movilizados. Tanto es así que su capacidad de participación y propuesta ha puesto en el centro del debate público la necesidad de garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles mediante un Estado que garantice el acceso gratuito y universal y que asegure la calidad de la enseñanza. Esto ocurre, paradójicamente, como resultado de los “éxitos” del neoliberalismo chileno: las reformas de mercado privilegiaron la expansión de la cobertura en desmedro de la gratuidad, la calidad y la universalidad. Por eso hoy, a diferencia de Uruguay, la inmensa mayoría de los jóvenes Chilenos finaliza el último ciclo de la educación secundaria, y una proporción también importante se inscribe en la universidad. La enorme mayoría de estos estudiantes son primera generación (sus padres no terminaron el bachillerato ni fueron a la universidad) y provienen de familias de ingreso medios y medios-bajo. Pero estos estudiantes son, en primer lugar, estudiantes: están escolarizados, y la experiencia compartida de las injusticias de la muy neoliberal sociedad chilena (injusticias que empiezan con la educación) los ha llevado a tomar conciencia y organizarse para demandar del Estado el financiamiento y el marco institucional necesario para garantizar su derecho a la educación. El caso chileno nos sirve entonces no para concluir que en Uruguay deberíamos introducir reformas de mercado en la educación, sino para reconocer que la inclusión de los sectores populares en los niveles avanzados de enseñanza debería ser prioridad nacional, cueste lo que cueste. Sólo así los verdaderos destinatarios de las políticas podrán tener voz y voto. Sólo así podrán conocer sus derechos, y reclamar por ellos.

Desde el Ir convocamos a todos los jóvenes, a los que hoy son estudiantes, pero también a los que deberían serlo, a movilizarse y participar activamente para construir una educación pública más inclusiva y democrática. Los convocamos a desbordar los consejos de participación en los centros educativos, tomar el patio de los liceos, intervenir en el aula, reunirse en asamblea, discutir con padres y docentes, cuestionar a los políticos si lo entienden necesario, y marchar en reclamo de sus derechos.

La izquierda, fiel a sus tradiciones, sabrá estar a la altura de las circunstancias.