Errores de Estado

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En el caso de la audiencia “Operadores de justicia y defensores de Derechos Humanos en el contexto de la justicia transicional en Uruguay”, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación remitieron a la Cancillería informe escrito sobre el tema a ser tratado en la misma.

Para la audiencia “Independencia judicial en Uruguay” el Poder Legislativo también remitió a la Cancillería, informe por escrito en relación a la temática objeto de la misma.

La no presencia del Estado en las primeras audiencias nos parece un grueso error, y más aún si hablamos de un Estado cuyo gobierno dirige nuestro Frente Amplio.
Entendemos que la ausencia del Estado uruguayo no fue solo protocolar sino también simbólica, deslegitimando una herramienta que desde la izquierda siempre hemos reivindicado, defendido e impulsado. El Estado debe dialogar siempre con la sociedad civil.
Si se convoca a audiencias públicas de estas características por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es porque se considera necesario entablar un diálogo entre el Estado y la sociedad civil.

Como internacionalistas, creemos que los mecanismos supranacionales de protección y promoción de los Derechos Humanos, que permiten a la sociedad civil dialogar y exigir, a los Estados-nación la vigilancia y el respeto a los derechos fundamentales son una herramienta imprescindible tanto para la sociedad civil, como para un Estado apegado a los principios fundamentales de protección de los Derechos Humanos.
Por esto, resulta inadmisible el atribuirle carácter injerencista a las instancias y resoluciones de estos mecanismos a los que los Estados adhieren voluntariamente y de buena fe. Menos comprensible resulta aun cuando hablamos de Derechos Humanos. Por eso, seguiremos reivindicando que nuestro Estado cumpla efectivamente con los compromisos internacionales, respondiendo todas las consultas y cumpliendo los dictámenes y/o fallos sin excepciones. Independientemente de las explicaciones brindadas, la necesaria separación de poderes no puede ser un argumento para que el Estado no asuma como tal, su responsabilidad ante los organismos internacionales de los que es parte. Para superar esta lamentable situación, es preciso que el Estado asuma el error político cometido, dado que su ausencia puede interpretarse como el debilitamiento del compromiso de protección de los derechos objeto de las audiencias.

Asimismo, reafirmamos, que es tiempo de que el Estado brinde respuestas sustanciales a los planteos realizados por la sociedad civil en estas instancias. Lo mejor que nos podría pasar a los uruguayos es que este episodio sea un llamado de atención para redoblar los esfuerzos por consagrar y hacer efectivo el goce integral de los Derechos Humanos en nuestro país, sin otro propósito que la construcción de la pública felicidad.