Errores de Estado

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En el caso de la audiencia “Operadores de justicia y defensores de Derechos Humanos en el contexto de la justicia transicional en Uruguay”, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación remitieron a la Cancillería informe escrito sobre el tema a ser tratado en la misma.

Para la audiencia “Independencia judicial en Uruguay” el Poder Legislativo también remitió a la Cancillería, informe por escrito en relación a la temática objeto de la misma.

La no presencia del Estado en las primeras audiencias nos parece un grueso error, y más aún si hablamos de un Estado cuyo gobierno dirige nuestro Frente Amplio.
Entendemos que la ausencia del Estado uruguayo no fue solo protocolar sino también simbólica, deslegitimando una herramienta que desde la izquierda siempre hemos reivindicado, defendido e impulsado. El Estado debe dialogar siempre con la sociedad civil.
Si se convoca a audiencias públicas de estas características por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es porque se considera necesario entablar un diálogo entre el Estado y la sociedad civil.

Como internacionalistas, creemos que los mecanismos supranacionales de protección y promoción de los Derechos Humanos, que permiten a la sociedad civil dialogar y exigir, a los Estados-nación la vigilancia y el respeto a los derechos fundamentales son una herramienta imprescindible tanto para la sociedad civil, como para un Estado apegado a los principios fundamentales de protección de los Derechos Humanos.
Por esto, resulta inadmisible el atribuirle carácter injerencista a las instancias y resoluciones de estos mecanismos a los que los Estados adhieren voluntariamente y de buena fe. Menos comprensible resulta aun cuando hablamos de Derechos Humanos. Por eso, seguiremos reivindicando que nuestro Estado cumpla efectivamente con los compromisos internacionales, respondiendo todas las consultas y cumpliendo los dictámenes y/o fallos sin excepciones. Independientemente de las explicaciones brindadas, la necesaria separación de poderes no puede ser un argumento para que el Estado no asuma como tal, su responsabilidad ante los organismos internacionales de los que es parte. Para superar esta lamentable situación, es preciso que el Estado asuma el error político cometido, dado que su ausencia puede interpretarse como el debilitamiento del compromiso de protección de los derechos objeto de las audiencias.

Asimismo, reafirmamos, que es tiempo de que el Estado brinde respuestas sustanciales a los planteos realizados por la sociedad civil en estas instancias. Lo mejor que nos podría pasar a los uruguayos es que este episodio sea un llamado de atención para redoblar los esfuerzos por consagrar y hacer efectivo el goce integral de los Derechos Humanos en nuestro país, sin otro propósito que la construcción de la pública felicidad.

Institucionalidad que encorseta

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La semana pasada visitó nuestro país el Relator Especial de Derechos Humanos relacionados con el Medio Ambiente para Naciones Unidas y en la conferencia de prensa que brindó, valoró el compromiso de Uruguay respecto a la protección de los DDHH y su relación con el ambiente. Destacó la mejora del acceso a la información y la justicia ambiental, la legislación que creó el Observatorio Ambiental, la reciente propuesta de Ley de Delitos Ambientales, el trabajo en Cambio Climático y la matriz energética basada en energías renovables, entre otros. Sin embargo nos marcó que la dispersión de instituciones que trabajan en temas ambientales es demasiado grande y muchas veces la negociación entre ellas y los procesos burocráticos hacen que los tiempos de respuesta y las soluciones a las que abordan no sean las mejores.
La generación de políticas más sostenibles implica lograr darle la jerarquía adecuada al análisis y la consideración de los aspectos ambientales. Vemos ejemplos a diario en lo que respecta a residuos, gestión costera o agroquímicos.
Si tomamos uno de ellos, la gestión de agroquímicos, vemos la falta de una visión integral. Al momento de analizar los paquetes tecnológicos por lo general priman aspectos productivos y no siempre se incluye el análisis de los riesgos en la salud poblacional y el ambiente de las sustancias químicas asociadas.

Como país hemos avanzado mucho. La creación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático implicó un fortalecimiento institucional y una mejor coordinación, pero nos debemos una discusión más profunda y quizá debamos pensar más seriamente la creación de un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este planteo no es actual y no tiene una sola autoría, y de hecho fue mencionado al relator de DDHH en estos días. Se necesita pegar el estirón y tratar estos temas con la seriedad y profundidad que se merecen, asumiendo en forma definitiva que los temas ambientales son estratégicos, necesarios e ineludibles.

Desde el IR hace tiempo estamos convencidos de la necesidad de crear un Ministerio de Ambiente que integre las políticas de aguas, suelos, aire y ordenamiento territorial, que evalúe y fiscalice las acciones públicas y privadas sobre el ambiente, con despliegue territorial y con una fuerte interacción y cooperación con las Intendencias y otros ministerios y organismos con incidencia en la temática. Esta nueva institución debería abarcar: Dirección Nacional de Medio Ambiente, Dirección Nacional de Aguas, Instituto Uruguayo de Meteorología, Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, Cambio Climático y la Dirección Nacional de Recursos Renovables (o parte de esta Dirección, hoy en el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca).

La necesidad de un Ministerio de Medio Ambiente ha adquirido una dimensión tal y un consenso en la sociedad civil suficientes como para que desde el Frente Amplio incorporemos definitivamente el planteo en nuestra estrategia política y en nuestras bases programáticas en el mediano plazo.

Pura concepción conservadora

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Existen organizaciones que desde 1985 luchan por el derecho a decidir sobre la salud sexual y reproductiva y que han ampliado las bases de apoyo a la causa, sumando ante cada nuevo proyecto de ley más organizaciones, aumentando también su diversidad e integrando a nuevas generaciones de militantes. Son estas organizaciones las que hoy, gracias a la articulación y la movilización constante, logran que el movimiento obrero coloque en su plataforma de reivindicaciones un tema que hasta hace poco era invisibilizado. De este proceso, sin dudas, se han mantenido al margen quienes históricamente han operado en función de perpetuar las desigualdades por considerar que los derechos no son para todos y todas.

Mientras en estos días gran parte de la sociedad civil organizada coordina acciones para que el próximo 8 de marzo seamos miles en la calle y que las mujeres paren el país, otros hacen uso deliberado del poder y, desde la comodidad que dan los privilegios, fallan como lo hace la jueza Pura Concepción Book; o realizan declaraciones anacrónicas, como las del presidente de la SCJ llamando «crímenes pasionales» a los femicidios. Estas posturas y prácticas forman parte del Uruguay conservador, ese que pierde en la calle y en las urnas porque no puede lograr más síntesis que la que hace sumando firmas a consignas mentirosas. Ese que no complejiza ni actualiza los debates pero tiene el descaro y el respaldo de un sistema anquilosado en estereotipos machistas para imponer «su ley», su concepción del orden de las cosas (y claro, del lugar de varones y mujeres en las relaciones de poder) a costa de nuestras libertades. Ese que comete aberraciones en términos jurídicos como el de la trístemente célebre jueza Book.

La confluencia de la lucha sostenida por las organizaciones feministas y la voluntad política de poner en agenda la concreción de nuevos y más derechos lograron colocar a las diversas formas de violencia hacia las mujeres como una expresión de la discriminación que genera el sistema patriarcal. Sin embargo, parece que todavía tenemos que explicar de qué hablamos cuando hablamos de violencia simbólica. Hablamos, por ejemplo, de la decisión de interpretar una ley en base a fundamentos religiosos individuales, negándole un derecho adquirido a una mujer que realizó los procedimientos correspondientes en tiempo y forma, amparada en una ley cuyo único condicionante es que la decisión sea tomada por la mujer: nadie más puede interferir en ello. Y en esto no hubo olvidos: la ley, expresamente, prevé que la decisión definitoria sea la de la mujer. Por tanto, atender un recurso de amparo a un varón no tiene fundamentos legales, y asignar un abogado defensor a un embrión evidencia concepciones personales de la jueza que tiñen de poca ética y laicidad su desempeño en el caso.

La Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, vigente desde 2012, no fue aprobada por arte de magia. Es un hito de un largo proceso que logró colocar en la agenda política un tema que muchos y muchas tomaron y defendieron en distintos ámbitos. Es de una soberbia importante creer que vamos a limitarnos a ver, de brazos cruzados, cómo nos recortan nuestros derechos. En el Ir reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el acceso igualitario a los derechos de todos y todas. Somos plenamente conscientes de que aspectos estructurales como la clase social, el género, o la etnia siguen condicionando el ejercicio efectivo de derechos fundamentales. Sabemos que los marcos jurídicos son importantes, pero además de regular también necesitamos generar ciudadanía cultural al respecto: personas capaces de exigir y de protestar ante el avasallamiento de sus derechos en servicios de salud, comunidades, o el sistema de justicia, por ejemplo. Destacamos la necesidad de mejorar el presupuesto para que la implementación de la Ley de IVE sea efectiva y garantice a las mujeres abortos seguros.
Pero sobre todo es necesario apostar por mayor formación en los recursos humanos del Poder Judicial y de los servicios de salud para que se comprenda de una vez por todas, que obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado es una violación de los derechos humanos de las mujeres, que un Estado de derecho no puede permitir.

Ninguno de los derechos ganados en la calle por las mujeres ha sido revertido por el Estado. El derecho a decidir si queremos ser madres o no y en qué circunstancias no va a ser la excepción. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue en pie. Nuestros derechos siguen en pie. No vamos a dar ni un sólo paso atrás.

Espejito espejito

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No ignoramos los avances realizados por el gobierno departamental y nacional para fortalecer, viabilizar y consolidar políticas en todos los niveles de gestión dirigidas a garantizar igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Manifestamos nuestro compromiso con el trabajo con los referentes de las diferentes comunidades y en particular con los consejos vecinales. El camino recorrido en este sentido ha sido largo, pero todavía falta tirar grandes bastiones. Las elección de las “reinas” del carnaval es uno de ellos.

No alcanza con la gestualidad de los 8 de marzo y los 25 de noviembre. No alcanza con ornamentos discursivos ni lenguajes inclusivos, no alcanza con voluntades políticas titubeantes cuando de lo que hablamos es de la autoestima de las personas, de su capacidad de sentirse orgullosas de sí mismas porque son buenas en matemáticas, porque son excelentes deportistas, porque se les da la literatura, el laburo en el barrio, las ciencias, la mecánica, la política.

Un discurso coherente del Estado en relación a la eliminación de los estereotipos de género y a la erradicación de la violencia basada en género, debe desestimular a que las niñas, niños y adolescentes crezcan compitiendo en función de un canon mandatado por un sistema capitalista que las expone a una visión anoréxica y superficial de la belleza y de un patriarcado que las expone a la hipersexualización y al lugar de adorno en la cosa pública.

¿Cuánto potencial queda eclipsado cuando promovemos que las niñas se sigan midiendo con una vara que sólo las mide para elegir al mejor adorno?

Reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más equitativa, un carnaval que reivindique la igualdad entre varones y mujeres y una institucionalidad que cada vez esté más dispuesta a asumir los costos y los procesos políticos que sean necesarios en ese sentido.

¿De qué hablamos cuando hablamos de Cuidados?

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El cuidado de personas dependientes, sea porque son niños-as, adultos mayores con limitaciones en su autonomía o personas con discapacidad, ha sido provisto tradicional e históricamente por las familias y, en particular, por las mujeres del hogar.

La entrada masiva de las mujeres al mercado de trabajo, así como al sistema educativo en estas últimas dos décadas, ha generado una menor disposición y disponibilidad de las mujeres a dedicarse de manera exclusiva al cuidado. No obstante, la dinámica social actual, continúa otorgando a las mujeres la obligación y responsabilidad moral exclusiva del cuidado. Esto es en esencia injusto, ya que al hacerse cargo de los cuidados y en general de las tareas del hogar, su tiempo se ve limitado para estudiar, trabajar, disfrutar de momentos de esparcimiento o ser militantes sociales o políticas.

Con la incorporación de los servicios de cuidados (empresas de acompañamiento, centros y residenciales, etc.), o de la contratación de trabajadores-as domésticas remuneradas, las familias con recursos económicos disponibles han podido contratar en el mercado distintas formas de cuidado. Pero aquellas familias que no tienen recursos resuelven los cuidados duplicando las jornadas de las mujeres.

En la actualidad no contamos con una política pública orientada a alivianar la responsabilidad de las mujeres en el cuidado de las familias. En definitiva, quienes pueden lo pagan y quienes no se quedan en su casa. En la actualidad, no existe corresponsabilidad en el cuidado ni a la interna de las familias, ni en el mercado, ni en el Estado.

Dado que el cuidado es un Derecho Humano, el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizarlo, para todos y todas los y las ciudadanas de nuestro país. A esa política que proponemos, la denominamos Sistema de Cuidados.

Un Sistema de Cuidados debe garantizar la mejora en la calidad de vida de quienes necesitan cuidados, asegurando el acceso a servicios de cuidados de calidad, provistos por personas formadas para hacerlo y en condiciones laborales adecuadas. Para ello, es necesario que se integre como parte de la política, la formación de las personas dedicadas a esta tarea, así como la impostergable regulación de los servicios de cuidado hoy existentes.

El Frente Amplio se propone, para el próximo gobierno, avanzar en igualdad en derechos e inclusión social, generando política pública al respecto y proponiendo una solución real y concreta a los diversos problemas de cuidados de nuestra sociedad. Se plantea en su programa como una de las propuestas fundamentales para el próximo período de gobierno la construcción de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados. En esta línea, el Programa ha avanzado mucho, definiendo las principales líneas y ejes que orientarán la construcción de esta innovadora y necesaria política pública. Tanto a nivel de los componentes, poblaciones y tipos de prestaciones y servicios que comprenderá, así como de la institucionalidad que debería cumplir el rol de regular. Es nuestro compromiso hacer todo lo que sea posible para que esta política se convierta en una realidad el próximo gobierno, mejorando la calidad de vida de todos y cada uno de los y las ciudadanas de nuestro país.

El Ir se ha propuesto aportar a la informacion y formación del tema, para lo cual en su página web se pueden encontrar dos videos informativos. Además realizó hace poco una jornada sobre esta temática, emitida vía streaming para Maldonado. Además de los video que nos ayuden a difundir el tema podes tener también la grabación de la jornada donde participaron Álvaro García, Constanza Moreira y Macarena Gelman.

El video la jornada puede verse en nuestro canal de YouTube, o aqui:

La mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder

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Nuestro país tiene un problema grave en cuanto a la calidad de su democracia. Nosotros y nosotras nos proponemos decir pero también hacer. Además de tener paridad de hombres y mujeres en todos nuestros organismos internos, presentaremos listas paritarias, la mitad de mujeres y la mitad de varones, en el próximo ciclo electoral, superando el tercio que fija la ley de cuotas. Además, apoyamos a Constanza Moreira, la única mujer precandidata a la presidencia de la República.

Aunque pueda parecer anacrónico es importante preguntarnos por qué necesitamos más mujeres en cargos de decisión política. Un gran instrumento de dominación y de ejercicio del poder es la capacidad de presentar lo propio como lo universal. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, se pretendía universal, pero no incluía a las mujeres ni a los esclavos en el concepto de “hombre y ciudadano”. En su aparente normalidad, objetividad o neutralidad la universalidad esconde un sujeto históricamente masculino, que muchas veces invisibiliza situaciones, sensibilidades, personas.

Así como es muy difícil -tal vez imposible- que un término represente a todas las personas, situaciones y sensibilidades, creemos lo mismo sobre los seres humanos. Un diputado o diputada no va a poder representar toda la heterogeneidad presente en la sociedad a la que pertenece. Seguramente, habrá sectores de la población que estarán subrepresentados, o no representados en absoluto. Es grave cuando esta situación de subrepresentación ocurre con el 51,991 de la población en Uruguay, las mujeres.

En el período que va de 2005 a 2010, hubo un 25%2 de mujeres ocupando cargos en el gabinete ministerial. En el período actual, sólo el 17,9%3 de los cargos de ministro, subsecretario y director general de secretaría son ejercidos por mujeres (recuérdese siempre que son casi el 52% de la población). En 2005, de los parlamentarios electos, sólo el 10,8%4 fueron mujeres. En 2010 fueron el 14,6%5.  Como primera conclusión, sencilla y sin vueltas: estamos mal, muy mal. La democracia uruguaya no está funcionando.

¿Dónde está el problema? Seguramente difuminado en todos los estamentos, esferas, arenas y grupos que tienen que ver con el proceso de elección de cargos políticos. Sin embargo, el problema más grave es que las mujeres, en Uruguay, en su mayoría siguen sin ser elegibles. A pesar de que la Constitución permite que una mujer sea elegible en igualdad de condiciones, esto no ocurre. Hay innumerables dispositivos que operan en las estructuras partidarias que hacen que las mujeres sean menos consideradas para ocupar cargos de gobierno. Ejemplo de esto es la cantidad de trampas que los partidos y grupos están pergeñando para evitar cumplir con la cuota.6 ¿Tan incapaces creen a las mujeres que cuesta tanto cumplir con ese pobre tercio? ¿Tan poco aportan a la vida política del país? Seguramente el problema no sea que las consideren así estos partidos y grupos. El problema, entonces, está en que quienes tienen el poder -en todas las fuerzas políticas, incluido el FA- no están dispuestos a que se redistribuya.

Argumentar que lo que existe es una especie de libre mercado donde las capacidades son las que regulan todo, es subestimar a las mujeres y creer que -tomando el caso de las elecciones de 2009- solo el 28% del total de las mujeres es capaz de ejercer cargos legislativos. Este absurdo, solo apoyado por alguien que siga creyendo en la superioridad de un género sobre otro, muestra que se debe trabajar sobre los mecanismos que operan en la conformación de las propuestas electorales.

Claro está que a lo largo de la historia las mujeres se han desempeñado principalmente en la esfera privada, postergando el mundo de lo público (empleo, actividad social y política) dejando al hombre “proveedor” en ese ámbito. Sin embargo, en los últimos años y a raíz de las nuevas realidades, las mujeres se han integrado al estudio y al trabajo, pero sin dejar de lado sus tareas de carácter doméstico.

En este sentido, el cuidado de las personas en situación de dependencia sigue siendo casi exclusivamente femenino, una de las razones que podría explicar la tan postergada participación de las mujeres en política. Ser mujer implica normalmente la escasez de uno de los recursos más importantes en política: tiempo. A esto hay que sumarle el denominado “castigo moral”, es decir, el contrato de género que aun está presente en nuestra sociedad e implica que quien lo incumpla está faltando a su mandato social, ateniéndose a las consecuencias.

Es por ello que para poder transformar esta realidad necesitamos una sociedad corresponsable, donde hombre y mujer se ocupen del mundo privado de manera compartida. Pero que también el Estado y la sociedad lo entiendan así. Contar con un Sistema de Cuidados, que garantice que tanto varones como mujeres puedan disponer de su tiempo de manera paritaria, es una clave fundamental para que estos rumbos se conviertan en una realidad.

La historia reciente ha demostrado que el FA tiene problemas para resolver las inequidades de género y le ha costado mucho avanzar específicamente en temas vinculados a la representación política de las mujeres. También la historia reciente ha demostrado que el FA es la única fuerza política que puede llegar a corregir estas inequidades. El Frente Amplio tiene ahora una presidenta mujer -que fue apoyada en elecciones abiertas por buena parte de los y las frenteamplistas-, lo que es un avance en términos de equidad de género y redistribución del poder. Como creemos que el FA es el único camino para resolver estas inequidades, apoyamos a Constanza, para debatir también por qué no podemos pensar en tener una presidenta mujer.

Abrir las estructuras a la participación de las mujeres implica esfuerzos por parte de todos los y las integrantes de dichas organizaciones. En el Ir los vivimos diariamente. Tenemos desde nuestro inicio órganos de dirección paritarios. A veces nos reunimos con varios niños y niñas correteando alrededor, hijos e hijas de nosotros y nosotras. Tenemos diseñado un pequeño sistema de cuidados a nuestra interna, que implica también prever el cuidado de los dependientes durante nuestras reuniones (y festejos), para que sus padres y madres puedan participar. Estos ejemplos, pequeños y propios de nuestro microclima, son ejemplo de los obstáculos que hay que saltar pero también son motivo de orgullo para el Ir. Nos infla el pecho saber que estamos haciendo todos los esfuerzos -con dichos y con hechos- para que haya más participación de las mujeres en política. Este es un aporte que queremos sumar al FA y al sistema político.

Nuestra voluntad política es clara. Que las mujeres tengan la mitad de lo que le corresponde a la humanidad: “la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder”.7

1. Datos del Censo de Población de 2011.
2. Fuente: Sistema de Información de Género (SIG) – Inmujeres – MIDES.
3. Fuente: Johnson, Niki (2013) Mujeres en cifras. El acceso de las mujeres a espacios de poder en Uruguay. Montevideo: ICP – FCS – UDELAR – Cotidiano Mujer.
4. SIG – Inmujeres – MIDES.
5. Ibídem.
6. Existe una ley de cuotas, aprobada en el período pasado y que establece para estas elecciones (y solo para estas elecciones de 2014-2015) que debe haber un tercio de mujeres en las listas de los partidos y sectores.
7. Simone de Beauvoir. Filósofa francesa, autora fundante del primer feminismo.