Quedan cuotas por pagar: la marginal representación política de las mujeres

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Seguimos ubicándonos entre los países con más bajos niveles de participación parlamentaria de las mujeres en América Latina y el Caribe. Tras la elección parlamentaria de 2014, si bien la Cámara alta duplicó la presencia de las mismas (de 4 senadoras electas en 2009 a 9 en las elecciones 2014), la de Representantes aumentó de 14 diputadas electas en 2009 a 16 en 2014, en un total de 99 representantes electos-as (16% de la cámara baja). Esto no solo evidencia los límites de la ley como instrumento electoral, sino las resistencias a nominar a las mujeres en lugares de “elegibilidad” en las listas partidarias en competencia (en primer y segundo lugar en departamentos con dos y tres diputados en juego, a modo de ejemplo).

La ley 18.476, más conocida como “ley de cuotas”, declara “de interés general la participación equitativa de personas de ambos sexos en la integración del Poder Legislativo, de las Intendencias Municipales, de las Juntas Departamentales, de las Juntas Locales Autónomas de carácter electivo, de las Juntas Electorales y en los órganos de dirección de los partidos políticos”. Establece que en las elecciones de las autoridades antedichas, las listas o nóminas de candidateables deben alternar personas de ambos sexos en cada terna. En otras palabras, de cada tres personas nominadas (sean titulares o titulares y suplentes según el sistema de suplencias) deben aparecer al menos un hombre o una mujer.

Si a esto sumamos el hecho de aplicación de la ley por un único período electoral en las elecciones parlamentarias -esta ley rige desde las elecciones internas del año 2009, y las elecciones internas, nacionales y departamentales de los años 2014 y 2015, respectivamente- cabe preguntarse y cuestionar las posibilidades reales de que el Uruguay avance hacia una sociedad más equitativa entre los géneros en la cual la representación política de las mujeres sea equivalente a la de los hombres. Por ello, la creación de mecanismos orientados a garantizar una mayor equidad de género en la participación política debería ser una prioridad en la futura agenda pública. Es claro que una acción afirmativa de este tipo no genera cambios culturales profundos aplicándose una sola vez.

Avanzar hacia una representación política paritaria no es únicamente un asunto que habla de la calidad de nuestra democracia. Es antes y fundamentalmente, una cuestión de justicia social asociada a la necesaria construcción de cimientos que garanticen el acceso en igual medida de hombres y mujeres a espacios de toma de decisión y de poder.

La histórica discriminación hacia las mujeres en sus múltiples formatos tanto visibles como invisibles y la naturalización de un reparto históricamente desigual de roles y oportunidades pautada por estereotipos de género (entre otros) en diversos aspectos de la vida privada y pública, han llevado a los organismos internacionales que salvaguardan los derechos humanos, a la inclusión expresa de los derechos de las mujeres y la estipulación de un conjunto de medidas que aseguren la no discriminación a las mujeres y la generación de mecanismos que garanticen su participación mínima en los espacios de toma de decisión política.

En este marco, la Convención Contra Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer prevé -y así también lo expresan las recomendaciones de su Comité Monitor a Uruguay (2008)1- la aplicación de las llamadas medidas especiales de carácter temporal (MECT), cuyo fin es el de acelerar la igualdad de oportunidad y trato entre hombres y mujeres, y cuya aplicación debe cesar una vez alcanzado este objetivo.

Entre las MECT, las leyes de cuotas han sido internacionalmente los principales instrumentos legislativos que, de manera progresiva, aseguran una mayor participación y representación política de las mujeres. La aplicación de este instrumento por una única vez, no solo hace una errónea interpretación a estas recomendaciones, sino que subestima la necesidad normativa hacia el logro de la equidad.

Además, la ley de cuotas aplicada en la pasada elección ha demostrado que, dada la utilización minimalista de parte de la mayoría de los sectores políticos, no alcanza para asegurar una representación de siquiera un tercio de mujeres en cada cámara. En la cámara de senadores, dada la poca cantidad de listas, varias listas obtuvieron 3 y más bancas, razón por la cual se pudo alcanzar cerca de un tercio de participación de mujeres senadoras. Pero en la Cámara de Diputados, salvo en los departamentos de Montevideo y Canelones, cada lista obtuvo solamente 1 banca, y por lo tanto, la elección de mujeres quedó librada a la voluntad política de cada sector de ponerlas en el primer lugar de cada lista. Solamente 3 diputadas mujeres fueron electas en estos departamentos.

 

¿Qué estado y qué política queremos en relación a la equidad de género?

El Estado como garante de derechos humanos, de equidad y justicia social debe asegurar, en el más amplio sentido, el ejercicio pleno e integral de los mismos para alcanzar el desarrollo individual y colectivo de la población en la que se sitúa. Alcanzar una participación equitativa entre hombres y mujeres en los asuntos de la vida pública, requiere una normativa que se proponga logros mucho más profundos en su tiempo de aplicabilidad y en los formatos que propone para asegurar, en definitiva, la elegibilidad de las mujeres en los cargos de decisión electivos. También podríamos sentarnos a esperar que los cambios ocurran por sí solos, despreciando la potencialidad de las leyes u otros instrumentos y medidas susceptibles de ser implementados por el Estado para acelerar y viabilizar cambios sociales.

Nuestro país no solo ha presentado dificultades para homologar el derecho internacional ratificado al ejercicio de estos derechos a nivel nacional -y por lo tanto a las políticas y prácticas que se promueven en este plano, si bien en los períodos de gobierno del FA se ha avanzado en varios frentes que hacen a los derechos de las mujeres-, sino también para erradicar las lógicas y dinámicas partidarias preexistentes: partidos con poca participación de mujeres, o partidos con equitativa participación de mujeres en su interna pero con poca oportunidad para su participación en ámbitos de decisión y cargos de conducción.

Es por ello que en el Ir consideramos que la paridad en la participación política de hombres y mujeres debe ser un fín en sí mismo. Como práctica de participación colectiva, la inclusión del criterio de paridad en los órganos de toma de decisión, así como en la nominación de las hojas de votación en competencia electoral, asegura que las mujeres accedan de hecho (o aumenten sus posibilidades de acceder) a lugares de toma de decisiones y cargos de conducción, y se encuentren en lugares de elegibilidad en la contienda por cargos electivos.

Ante los resultados electorales recientes, la paridad se nos presenta como requisito electoral fundamental hacia la equidad de género. Únicamente un sistema que obligue a nominar alternadamente hombres y mujeres, mujeres y hombres, podrá en definitiva romper con mayor ímpetu el estancamiento que la representación femenina presenta en ámbitos políticos como el Parlamento. Por eso, durante el próximo período legislativo deberíamos promover y lograr el compromiso político y social para la consecución de una ley de cuotas que exija la paridad de género (50 y 50) por varios ciclos electorales.

 

Notas a pie:

1. http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21717/1/3_recomendaciones_cedaw_08.pdf

 

Referencias: Ley 18.476. (2009). Parlamento de la República Oriental del Uruguay.

Por qué votar al Ir es la mejor forma de votar a Constanza. Tres razones/emociones.

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*Por Gonzalo Eyherabide

Voy a votar al Ir. Por ende, voy a votar a Constanza Moreira. Sin embargo, me consta que hay personas de izquierda que por una u otra razón han hecho el camino inverso. Piensan votar a Constanza y ahora se preguntan a través de qué lista hacerlo.

Las opciones en Montevideo son estas. Hay seis formas de votar a Constanza: con el Ir (lista 329) o a través de las listas 3311 (integrada entre otros por el PVP); 1642 Magnolia; 1968 del PST; 642 del MIA o 7152 Resistir.

¿Por qué considero que votar al Ir es la mejor forma y la más útil de votar a Constanza?

1) El Ir es una verdadera organización política colectiva, en marcha y dinámico funcionamiento. Trabaja a nivel presencial y también incorporando desde el vamos el correo electrónico y las redes sociales a su moderna forma de organización, elaboración política, procesamiento del debate y toma de decisiones. Se puede tener un excelente candidato, pero hace falta una organización con ideas potentes y capacidad de acción pragmática que dé fuerza y legitimidad, y que a la vez arrope e incluso contenga a dicho candidato (esto es esencial a la hora tanto de parlamentar como de gobernar). Creo firmemente (lo aplico a diario en la agencia de publicidad de la que tengo la felicidad de ser parte) que la inteligencia no es un fenómeno individual, sino colectivo. Además, el Ir es un grupo preexistente a la aparición de Constanza en el escenario del Frente como precandidata a la Presidencia y seguirá existiendo y desarrollándose en conjunto o independencia a lo que ocurra con la figura pública de Constanza (es decir que la apoya, pero en nada depende de ella).

2) Constanza ha hecho mucho hincapié en su discurso acerca de la importancia de la participación de las mujeres y los jóvenes en política. Así que quizá usted esté tentado/a de votar a Constanza por esta razón. Si es así, no encontrará mejor opción que el Ir. Es el grupo que aun antes de la promulgación de la ley actual de cuota política femenina había decidido (y cumplió) tener la misma cantidad de mujeres que de hombres en sus listas (mucho más de lo que la ley exige). Macarena Gelman es la primera suplente de Constanza y tiene hoy reales chances de entrar al parlamento. Y en cuanto a juventud, dudo que otro grupo ya no del Frente sino de todo el espectro político nacional, pueda mostrar tales credenciales en términos de renovación generacional.

3) El Ir es crítico y autocrítico a fondo. Esto está vinculado a la primera razón/emoción expuesta. No me fío de la transgresión o el radicalismo por sí mismos. Hay personas de izquierda (y esto es ya una tradición) que simplemente se pondrán siempre del lado de la minoría en cualquier grupo político o asamblea a la que asistan. Es una suerte de síndrome de menchevique. Ser siempre el que está en desventaja tiene para algunos sus propias aparentes ventajas psicológicas (¿acaso el sentirse siempre independiente, o más libre?). Ahora, hay algo más detestable que esto por la irracionalidad, pero también la inmoralidad que implica: es el caso del que, por el contrario, se convierte en eterno obsecuente. Se trata de una forma de alcahuetería, ese tipo de obediencia que en algún momento destruye el sentido crítico y autocrítico tan necesarios para un buen político y aun más necesarios para un intelectual cabal. Un amigo que también integra el Ir me lo recordó hace algunos años de esta sabia manera: “si se deja de decir lo que se piensa, es posible que se deje también de pensarlo”. De los primeros mencheviques, ha habido siempre pintorescos y folclóricos ejemplos en nuestra izquierda (hasta es posible que ahora los extrañemos un poco). De los segundos obsecuentes, se ha plagado infamemente el Frente Amplio. Desgraciado vicio que conlleva el ejercicio del poder, supongo. Puede usted estar seguro/a, como votante (y es acaso el principal valor que hoy veo en el Ir) de que este es un grupo con identidad y criterios propios. Que ha desarrollado ideas y vuelto a poner sobre la mesa iniciativas de gran valor, al punto de que Constanza ha integrado varias de ellas a su campaña. El Ir integra el Frente Amplio y hoy apoya a Constanza. Pero es independiente, crítico y autocrítico y no será uno más del rebaño en el parlamento, sino que servirá con gran celo ejerciendo los controles que todo gobierno y poder deben tener dentro de su propio seno, para que se haga lo que se debe hacer (políticas de izquierda) y como se debe hacer (con ética a toda prueba).

Deme todo esto de cargos

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Larrañaga charla con una niña que le pregunta: “Yo soy de Florida, ¿qué puede hacer por el interior?”. Larrañaga le responde: “Yo te prometo que el interior va a crecer, porque si crece el interior…” y sigue explicando las bondades de que el interior crezca… No parece haber entendido la pregunta el precandidato. En realidad, no importa. La publicidad tiene una idea que cree que tiene punch (“charlas con el futuro”), está bien filmada y listo: el producto está precioso (o no, pero eso es para otra columna). Acá no cabe el argumento de que la publicidad (y la plata) vehiculizan ideas. Ahí no hay ideas. Ahí no hay más política que la sesuda opción de camuflar a la política en la anti-política y la anti-ideología.

Lacalle Pou remixó un discurso suyo y su jingle. Bien puede ser un jabón de tocador o una marca de championes lo que está siendo publicitado. Lo que importa es vender el producto. Y para vender, más que tener un buen producto, es necesario tener plata. Mucha plata. Muchísima.

Para ser elegido (no elegible, eso lo asegura la Constitución) en Uruguay, hay que pagar. Esa lógica queda extremadamente clara con el sistema de confección de listas que tienen los partidos tradicionales. Candidatos que nadie conoce, que ningún colectivo de más de dos personas eligió para representarlo, pagan mucha plata y tratan de conseguir su banca. Por eso se juegan tanto ahora. Por eso están gastando tanto.

Pero cuidado, el FA también tiene que pagar para ser elegido. La diferencia es que las estructuras eligen al que consideran el mejor candidato, y quien paga es un colectivo. Es una diferencia sustancial, pero se sigue terminando en lo mismo: antes o después, para ser elegido hay que pagar. Y para pagar, hay que tener plata. O se tiene una familia con mucha plata, o se tiene amigos con mucha plata, o se tiene mucha capacidad e inventiva para juntar mucha plata (a esto último y solo a esto último estamos apostando en el Ir, mientras tratamos de aportar para terminar con esta mercantilización de la política).

El Estado, a través de su parlamento, se dio cuenta de lo complejo que es el financiamiento de las campañas y lo que desvirtúa a la actividad política. Mediante la ley 18.485, regula cómo se deben financiar los partidos. Establece, además, que a cada partido se le va a dar determinado monto por voto que haya obtenido. Este mecanismo, además de ser más proclive a mantener al status quo que a potenciar la aparición de lo nuevo (recibe plata quien ya tuvo plata para conseguir votos), toma un camino entre dos posibles.

El primer camino, reflejado en la ley, es que el Estado aporte parte de esa plata que necesitan los partidos. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿dónde termina esa plata? Ningún partido obtiene ganancias de las campañas. Pues bien, ¿quién obtiene ganancias? Una pista: un segundo en radio cuesta de 15 a 37 pesos, y un minuto en televisión cuesta –atenti a esta cifra- $32.000.

Es importante, entonces, recordar que los canales de televisión hacen uso de un bien público que se les otorga para usufructuar (ahora y gracias al Frente) por un período limitado. Pero siguen siendo propiedad de toda la sociedad (esa que ahora precisa elegir quiénes gobernarán).

Entonces, la otra opción es empezar, de una vez por todas, a desmercantilizar la política. Es intentar que cada vez dependa menos de cuánto tiene cada uno para ser elegido. Por tanto, bien se podría haber incluido en la ley de financiamiento de partidos, muchos minutos gratis para pautas de los partidos, fijando las franjas en las que se tienen que emitir y prohibiendo sobre-pautar más allá de lo que se le otorgue a cada uno por ley. Una porción del tiempo en televisión se podría distribuir según los votos obtenidos con anterioridad, y otra porción para todos por igual (y dar así posibilidad a lo nuevo). Y así como se hace con la tele, hacerlo con todos los medios de propaganda.

Por otra parte, no parece fácil de argumentar que una empresa financie partidos políticos, por lo que se debiera prohibir esto, pudiendo solo las personas físicas aportar a los partidos. A nuestra propuesta de revisar la regulación sobre el financiamiento de partidos, no tanto para asegurarles recursos sino más bien para desmercantilizar a la política, se le debe agregar indefectiblemente organismos poderosos que fiscalicen cuánto dinero entra en los partidos (y quiénes son los donantes) y cuánto se gasta. Esta Corte Electoral, con estos recursos, no puede controlar y se limita a recibir los informes y publicarlos. Es necesario que alguien controle, pregunte y repregunte. Que investigue y que denuncie si es necesario.

Los partidos políticos tienen dos opciones: o juegan en la cortita, entrando en el juego y tratando de sacar ventaja para ganarle al que está al lado, o por un rato dejan la competencia en suspenso y piensan una forma de mejorar las condiciones para todos y todas. Esto redundará en una mejor democracia, mucho más cercana a su naturaleza y mucho menos cercana a spots sobre alfajores, remixes, futuros y mucho blabla.