Espejito espejito

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No ignoramos los avances realizados por el gobierno departamental y nacional para fortalecer, viabilizar y consolidar políticas en todos los niveles de gestión dirigidas a garantizar igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Manifestamos nuestro compromiso con el trabajo con los referentes de las diferentes comunidades y en particular con los consejos vecinales. El camino recorrido en este sentido ha sido largo, pero todavía falta tirar grandes bastiones. Las elección de las “reinas” del carnaval es uno de ellos.

No alcanza con la gestualidad de los 8 de marzo y los 25 de noviembre. No alcanza con ornamentos discursivos ni lenguajes inclusivos, no alcanza con voluntades políticas titubeantes cuando de lo que hablamos es de la autoestima de las personas, de su capacidad de sentirse orgullosas de sí mismas porque son buenas en matemáticas, porque son excelentes deportistas, porque se les da la literatura, el laburo en el barrio, las ciencias, la mecánica, la política.

Un discurso coherente del Estado en relación a la eliminación de los estereotipos de género y a la erradicación de la violencia basada en género, debe desestimular a que las niñas, niños y adolescentes crezcan compitiendo en función de un canon mandatado por un sistema capitalista que las expone a una visión anoréxica y superficial de la belleza y de un patriarcado que las expone a la hipersexualización y al lugar de adorno en la cosa pública.

¿Cuánto potencial queda eclipsado cuando promovemos que las niñas se sigan midiendo con una vara que sólo las mide para elegir al mejor adorno?

Reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más equitativa, un carnaval que reivindique la igualdad entre varones y mujeres y una institucionalidad que cada vez esté más dispuesta a asumir los costos y los procesos políticos que sean necesarios en ese sentido.

Quedan cuotas por pagar: la marginal representación política de las mujeres

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Seguimos ubicándonos entre los países con más bajos niveles de participación parlamentaria de las mujeres en América Latina y el Caribe. Tras la elección parlamentaria de 2014, si bien la Cámara alta duplicó la presencia de las mismas (de 4 senadoras electas en 2009 a 9 en las elecciones 2014), la de Representantes aumentó de 14 diputadas electas en 2009 a 16 en 2014, en un total de 99 representantes electos-as (16% de la cámara baja). Esto no solo evidencia los límites de la ley como instrumento electoral, sino las resistencias a nominar a las mujeres en lugares de “elegibilidad” en las listas partidarias en competencia (en primer y segundo lugar en departamentos con dos y tres diputados en juego, a modo de ejemplo).

La ley 18.476, más conocida como “ley de cuotas”, declara “de interés general la participación equitativa de personas de ambos sexos en la integración del Poder Legislativo, de las Intendencias Municipales, de las Juntas Departamentales, de las Juntas Locales Autónomas de carácter electivo, de las Juntas Electorales y en los órganos de dirección de los partidos políticos”. Establece que en las elecciones de las autoridades antedichas, las listas o nóminas de candidateables deben alternar personas de ambos sexos en cada terna. En otras palabras, de cada tres personas nominadas (sean titulares o titulares y suplentes según el sistema de suplencias) deben aparecer al menos un hombre o una mujer.

Si a esto sumamos el hecho de aplicación de la ley por un único período electoral en las elecciones parlamentarias -esta ley rige desde las elecciones internas del año 2009, y las elecciones internas, nacionales y departamentales de los años 2014 y 2015, respectivamente- cabe preguntarse y cuestionar las posibilidades reales de que el Uruguay avance hacia una sociedad más equitativa entre los géneros en la cual la representación política de las mujeres sea equivalente a la de los hombres. Por ello, la creación de mecanismos orientados a garantizar una mayor equidad de género en la participación política debería ser una prioridad en la futura agenda pública. Es claro que una acción afirmativa de este tipo no genera cambios culturales profundos aplicándose una sola vez.

Avanzar hacia una representación política paritaria no es únicamente un asunto que habla de la calidad de nuestra democracia. Es antes y fundamentalmente, una cuestión de justicia social asociada a la necesaria construcción de cimientos que garanticen el acceso en igual medida de hombres y mujeres a espacios de toma de decisión y de poder.

La histórica discriminación hacia las mujeres en sus múltiples formatos tanto visibles como invisibles y la naturalización de un reparto históricamente desigual de roles y oportunidades pautada por estereotipos de género (entre otros) en diversos aspectos de la vida privada y pública, han llevado a los organismos internacionales que salvaguardan los derechos humanos, a la inclusión expresa de los derechos de las mujeres y la estipulación de un conjunto de medidas que aseguren la no discriminación a las mujeres y la generación de mecanismos que garanticen su participación mínima en los espacios de toma de decisión política.

En este marco, la Convención Contra Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer prevé -y así también lo expresan las recomendaciones de su Comité Monitor a Uruguay (2008)1- la aplicación de las llamadas medidas especiales de carácter temporal (MECT), cuyo fin es el de acelerar la igualdad de oportunidad y trato entre hombres y mujeres, y cuya aplicación debe cesar una vez alcanzado este objetivo.

Entre las MECT, las leyes de cuotas han sido internacionalmente los principales instrumentos legislativos que, de manera progresiva, aseguran una mayor participación y representación política de las mujeres. La aplicación de este instrumento por una única vez, no solo hace una errónea interpretación a estas recomendaciones, sino que subestima la necesidad normativa hacia el logro de la equidad.

Además, la ley de cuotas aplicada en la pasada elección ha demostrado que, dada la utilización minimalista de parte de la mayoría de los sectores políticos, no alcanza para asegurar una representación de siquiera un tercio de mujeres en cada cámara. En la cámara de senadores, dada la poca cantidad de listas, varias listas obtuvieron 3 y más bancas, razón por la cual se pudo alcanzar cerca de un tercio de participación de mujeres senadoras. Pero en la Cámara de Diputados, salvo en los departamentos de Montevideo y Canelones, cada lista obtuvo solamente 1 banca, y por lo tanto, la elección de mujeres quedó librada a la voluntad política de cada sector de ponerlas en el primer lugar de cada lista. Solamente 3 diputadas mujeres fueron electas en estos departamentos.

 

¿Qué estado y qué política queremos en relación a la equidad de género?

El Estado como garante de derechos humanos, de equidad y justicia social debe asegurar, en el más amplio sentido, el ejercicio pleno e integral de los mismos para alcanzar el desarrollo individual y colectivo de la población en la que se sitúa. Alcanzar una participación equitativa entre hombres y mujeres en los asuntos de la vida pública, requiere una normativa que se proponga logros mucho más profundos en su tiempo de aplicabilidad y en los formatos que propone para asegurar, en definitiva, la elegibilidad de las mujeres en los cargos de decisión electivos. También podríamos sentarnos a esperar que los cambios ocurran por sí solos, despreciando la potencialidad de las leyes u otros instrumentos y medidas susceptibles de ser implementados por el Estado para acelerar y viabilizar cambios sociales.

Nuestro país no solo ha presentado dificultades para homologar el derecho internacional ratificado al ejercicio de estos derechos a nivel nacional -y por lo tanto a las políticas y prácticas que se promueven en este plano, si bien en los períodos de gobierno del FA se ha avanzado en varios frentes que hacen a los derechos de las mujeres-, sino también para erradicar las lógicas y dinámicas partidarias preexistentes: partidos con poca participación de mujeres, o partidos con equitativa participación de mujeres en su interna pero con poca oportunidad para su participación en ámbitos de decisión y cargos de conducción.

Es por ello que en el Ir consideramos que la paridad en la participación política de hombres y mujeres debe ser un fín en sí mismo. Como práctica de participación colectiva, la inclusión del criterio de paridad en los órganos de toma de decisión, así como en la nominación de las hojas de votación en competencia electoral, asegura que las mujeres accedan de hecho (o aumenten sus posibilidades de acceder) a lugares de toma de decisiones y cargos de conducción, y se encuentren en lugares de elegibilidad en la contienda por cargos electivos.

Ante los resultados electorales recientes, la paridad se nos presenta como requisito electoral fundamental hacia la equidad de género. Únicamente un sistema que obligue a nominar alternadamente hombres y mujeres, mujeres y hombres, podrá en definitiva romper con mayor ímpetu el estancamiento que la representación femenina presenta en ámbitos políticos como el Parlamento. Por eso, durante el próximo período legislativo deberíamos promover y lograr el compromiso político y social para la consecución de una ley de cuotas que exija la paridad de género (50 y 50) por varios ciclos electorales.

 

Notas a pie:

1. http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21717/1/3_recomendaciones_cedaw_08.pdf

 

Referencias: Ley 18.476. (2009). Parlamento de la República Oriental del Uruguay.

La mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder

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Nuestro país tiene un problema grave en cuanto a la calidad de su democracia. Nosotros y nosotras nos proponemos decir pero también hacer. Además de tener paridad de hombres y mujeres en todos nuestros organismos internos, presentaremos listas paritarias, la mitad de mujeres y la mitad de varones, en el próximo ciclo electoral, superando el tercio que fija la ley de cuotas. Además, apoyamos a Constanza Moreira, la única mujer precandidata a la presidencia de la República.

Aunque pueda parecer anacrónico es importante preguntarnos por qué necesitamos más mujeres en cargos de decisión política. Un gran instrumento de dominación y de ejercicio del poder es la capacidad de presentar lo propio como lo universal. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, se pretendía universal, pero no incluía a las mujeres ni a los esclavos en el concepto de “hombre y ciudadano”. En su aparente normalidad, objetividad o neutralidad la universalidad esconde un sujeto históricamente masculino, que muchas veces invisibiliza situaciones, sensibilidades, personas.

Así como es muy difícil -tal vez imposible- que un término represente a todas las personas, situaciones y sensibilidades, creemos lo mismo sobre los seres humanos. Un diputado o diputada no va a poder representar toda la heterogeneidad presente en la sociedad a la que pertenece. Seguramente, habrá sectores de la población que estarán subrepresentados, o no representados en absoluto. Es grave cuando esta situación de subrepresentación ocurre con el 51,991 de la población en Uruguay, las mujeres.

En el período que va de 2005 a 2010, hubo un 25%2 de mujeres ocupando cargos en el gabinete ministerial. En el período actual, sólo el 17,9%3 de los cargos de ministro, subsecretario y director general de secretaría son ejercidos por mujeres (recuérdese siempre que son casi el 52% de la población). En 2005, de los parlamentarios electos, sólo el 10,8%4 fueron mujeres. En 2010 fueron el 14,6%5.  Como primera conclusión, sencilla y sin vueltas: estamos mal, muy mal. La democracia uruguaya no está funcionando.

¿Dónde está el problema? Seguramente difuminado en todos los estamentos, esferas, arenas y grupos que tienen que ver con el proceso de elección de cargos políticos. Sin embargo, el problema más grave es que las mujeres, en Uruguay, en su mayoría siguen sin ser elegibles. A pesar de que la Constitución permite que una mujer sea elegible en igualdad de condiciones, esto no ocurre. Hay innumerables dispositivos que operan en las estructuras partidarias que hacen que las mujeres sean menos consideradas para ocupar cargos de gobierno. Ejemplo de esto es la cantidad de trampas que los partidos y grupos están pergeñando para evitar cumplir con la cuota.6 ¿Tan incapaces creen a las mujeres que cuesta tanto cumplir con ese pobre tercio? ¿Tan poco aportan a la vida política del país? Seguramente el problema no sea que las consideren así estos partidos y grupos. El problema, entonces, está en que quienes tienen el poder -en todas las fuerzas políticas, incluido el FA- no están dispuestos a que se redistribuya.

Argumentar que lo que existe es una especie de libre mercado donde las capacidades son las que regulan todo, es subestimar a las mujeres y creer que -tomando el caso de las elecciones de 2009- solo el 28% del total de las mujeres es capaz de ejercer cargos legislativos. Este absurdo, solo apoyado por alguien que siga creyendo en la superioridad de un género sobre otro, muestra que se debe trabajar sobre los mecanismos que operan en la conformación de las propuestas electorales.

Claro está que a lo largo de la historia las mujeres se han desempeñado principalmente en la esfera privada, postergando el mundo de lo público (empleo, actividad social y política) dejando al hombre “proveedor” en ese ámbito. Sin embargo, en los últimos años y a raíz de las nuevas realidades, las mujeres se han integrado al estudio y al trabajo, pero sin dejar de lado sus tareas de carácter doméstico.

En este sentido, el cuidado de las personas en situación de dependencia sigue siendo casi exclusivamente femenino, una de las razones que podría explicar la tan postergada participación de las mujeres en política. Ser mujer implica normalmente la escasez de uno de los recursos más importantes en política: tiempo. A esto hay que sumarle el denominado “castigo moral”, es decir, el contrato de género que aun está presente en nuestra sociedad e implica que quien lo incumpla está faltando a su mandato social, ateniéndose a las consecuencias.

Es por ello que para poder transformar esta realidad necesitamos una sociedad corresponsable, donde hombre y mujer se ocupen del mundo privado de manera compartida. Pero que también el Estado y la sociedad lo entiendan así. Contar con un Sistema de Cuidados, que garantice que tanto varones como mujeres puedan disponer de su tiempo de manera paritaria, es una clave fundamental para que estos rumbos se conviertan en una realidad.

La historia reciente ha demostrado que el FA tiene problemas para resolver las inequidades de género y le ha costado mucho avanzar específicamente en temas vinculados a la representación política de las mujeres. También la historia reciente ha demostrado que el FA es la única fuerza política que puede llegar a corregir estas inequidades. El Frente Amplio tiene ahora una presidenta mujer -que fue apoyada en elecciones abiertas por buena parte de los y las frenteamplistas-, lo que es un avance en términos de equidad de género y redistribución del poder. Como creemos que el FA es el único camino para resolver estas inequidades, apoyamos a Constanza, para debatir también por qué no podemos pensar en tener una presidenta mujer.

Abrir las estructuras a la participación de las mujeres implica esfuerzos por parte de todos los y las integrantes de dichas organizaciones. En el Ir los vivimos diariamente. Tenemos desde nuestro inicio órganos de dirección paritarios. A veces nos reunimos con varios niños y niñas correteando alrededor, hijos e hijas de nosotros y nosotras. Tenemos diseñado un pequeño sistema de cuidados a nuestra interna, que implica también prever el cuidado de los dependientes durante nuestras reuniones (y festejos), para que sus padres y madres puedan participar. Estos ejemplos, pequeños y propios de nuestro microclima, son ejemplo de los obstáculos que hay que saltar pero también son motivo de orgullo para el Ir. Nos infla el pecho saber que estamos haciendo todos los esfuerzos -con dichos y con hechos- para que haya más participación de las mujeres en política. Este es un aporte que queremos sumar al FA y al sistema político.

Nuestra voluntad política es clara. Que las mujeres tengan la mitad de lo que le corresponde a la humanidad: “la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder”.7

1. Datos del Censo de Población de 2011.
2. Fuente: Sistema de Información de Género (SIG) – Inmujeres – MIDES.
3. Fuente: Johnson, Niki (2013) Mujeres en cifras. El acceso de las mujeres a espacios de poder en Uruguay. Montevideo: ICP – FCS – UDELAR – Cotidiano Mujer.
4. SIG – Inmujeres – MIDES.
5. Ibídem.
6. Existe una ley de cuotas, aprobada en el período pasado y que establece para estas elecciones (y solo para estas elecciones de 2014-2015) que debe haber un tercio de mujeres en las listas de los partidos y sectores.
7. Simone de Beauvoir. Filósofa francesa, autora fundante del primer feminismo.