¿En qué vereda?

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¿Quiénes estaban en la marcha? ¿Qué piensan políticamente? ¿Dónde han estado? ¿Dónde suponemos que estarán? No es sencillo responder estas preguntas. Pero podemos empezar por preguntarnos quiénes no eran, qué no eran. En mi vida no recuerdo una movilización de masas convocada bajo consignas de derecha o de ultraizquierda que haya logrado ser tan masiva. En este Uruguay con un nivel de politización importante desde hace largo tiempo -aquí el neoliberalismo no logró despolitizar a la sociedad tanto como en otros países de América Latina- y con una cultura política de izquierda hegemónica en una parte importante de la sociedad, tiendo a pensar que no había más que un puñado de ultras entre los miles y miles que marcharon el jueves por 18 de Julio.

Sería un error imperdonable que el Frente Amplio (FA) analizara la marcha en base a alguna consigna destemplada o a ciertos discursos con pasajes simplistas. El dato es que miles de personas de izquierda, sensibles a lo que pasa con nuestra educación pública, marcharon y quisieron decirle a nuestro gobierno que esta vez se equivocó fiero. La tarea obligatoria de todo el FA (la fuerza política, el Ejecutivo y el Legislativo) es impedir que se configure un escenario con tres veredas opuestas: el FA de un lado, miles de personas de izquierda -no ultra- del otro, y la derecha y la ultraizquierda política en una tercera vereda. Entre otras cosas, porque si el FA quiere cambiar la educación, no puede prescindir de esas miles de personas.

Con la decisión de levantar el decreto, el gobierno puede reconfigurar el escenario y pasar de esas tres veredas a dos que le sirvan al país: la ultraizquierda y la derecha de un lado, y los ciudadanos de izquierda y el FA del otro. El camino tenderá, indefectiblemente, a tener dos veredas, ¿dejaremos que estos miles se vayan a la vereda de la ultraizquierda? Me niego a pensar que haya tantos miles irresponsables o insensatos. Me animo a decir que en la marcha, la inmensa mayoría votó al FA en la última elección. En la marcha, seguramente, la mayoría de los que estaban insistió hasta el cansancio el año pasado, argumentando que Uruguay no se podía detener. ¿Los vamos a perder? ¿No nos interesan? ¿Con quiénes vamos a continuar y profundizar el proceso de cambios que el país necesita? Cuando la insensatez domine en los gremios, ¿la solución no va a incluir a esos miles? ¿La solución es partirlos? No, de ninguna manera.

Otro dato del que el FA tiene que dar cuenta: en la marcha, la amplísima mayoría eran jóvenes y mujeres. ¿No son ambos imprescindibles para el proyecto de izquierda? Estamos a tiempo. El FA tiene que dar señales que digan, claramente, que quiere construir junto a esas miles de personas de izquierda. Y la construcción implicará, en primer término, una disputa con la derecha -que nunca defendió ni defiende a la educación pública- y la ultraizquierda, que nunca propuso un camino posible para cambiar la realidad.

En ese marco, no sirve discutir quién empezó. No le sirve al país que queremos desde una concepción de izquierda. Lo que sirve, y es imprescindible, es un gesto de grandeza que tienda la mano y coloque al FA en la misma vereda que esos miles de manifestantes. Esto no implica, de ninguna manera, pretender que quienes marcharon se transformen en obsecuentes con el gobierno: éste también sería un error demasiado grave para una fuerza política que precisa la crítica y la autocrítica como elementos sustanciales para seguir transformando la realidad.

La pelota está en el medio de la cancha. No podemos esperar que otro la vaya a buscar. Es responsabilidad de la única izquierda política viable -y por tanto la única verdaderamente de izquierda- ir a buscarla y jugar el partido. La anulación del decreto de esencialidad es un primer paso imprescindible para que, en la misma vereda, vuelvan a estar las masas y el FA. Habrá que reconstruir lo que se haya roto entre la fuerza política y su base social, con más gestos y más pasos, porque el proceso de cambios, para que no se detenga, no se puede dar el lujo de prescindir de la gente de izquierda organizada.

¿Un ciudadano culto o una ciudadanía cultural?

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El enfoque en las políticas culturales nacionales por parte de blancos y colorados correspondía a una mirada sesgada en beneficio de algunos actores culturales específicos. Una cultura de las elites para las elites. Como mucho, una cultura (una única Cultura, formada por los “bienes genuinamente culturales”, como dice el programa de Lacalle) de tradiciones “for export” estereotipadas, que nada tenía que ver con las necesidades cotidianas de la gente y sus múltiples identidades culturales.

Con la asunción del Frente Amplio, buena parte de las iniciativas llevadas por la Dirección Nacional de Cultura (DNC) buscaron desterrar aquellos preconceptos y estereotipos. Al mismo tiempo, se asumió desde un inicio la mediación entre los diferentes agentes que componen el diverso campo cultural nacional: creadores, comunidad académica, medios de comunicación, empresas privadas, sociedad civil y el propio Estado.

A lo largo del periodo hubo un aumento constante y significativo del presupuesto. A continuación vemos un gráfico del aumento del presupuesto general de la DNC en el primer gobierno1:

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(en 2009 $ 35.573.228 son aportes de terceros ejecutados por la

Dirección Nacional de Cultura mediante acuerdos y convenios internacionales)

Actualmente, la DNC cuenta con más de 150 millones de pesos, entre inversiones, salarios y gastos de funcionamiento. Este, sin embargo, tampoco es un presupuesto exagerado, como sugiere Lacalle, al confundir el presupuesto total del MEC con el gasto en políticas culturales. Todos, excepto Lacalle, sabemos que el área de Cultura es solo una parte del gasto total del MEC, cuya otra pata fundamental es Educación. Además, el MEC hoy cumple muchas de las funciones que son propias de un Ministerio de Justicia, y mantiene funciones en el Área de Ciencia y Tecnología.

Es un típico instinto reaccionario acusar al Estado de “malgastador”, pregonando que primero hay que ser buen administrador, antes de siquiera contar con los recursos. Recursos que en los gobiernos blancos y colorados no estuvieron disponibles para poner a prueba las virtudes administrativas de dichos gobiernos. O, en realidad, sí pudimos ver aquel desempeño y sus resultados: el abandono casi total de las instituciones e infraestructuras culturales. Ese fue su “sesgo” más prominente y lo sigue siendo hoy, cuando se proponen privatizaciones y reducciones con la excusa de mejorar la gestión y la calidad.

Es cierto que siempre se puede gastar mejor y más eficazmente. Es cierto que en los gobiernos de izquierda se cometieron y se seguirán cometiendo errores, pero solo se equivoca el que intenta radicalmente. Porque las políticas culturales del Frente Amplio son políticas en el sentido de que son un proyecto transformador orientado a cambiar las relaciones de poder que todavía limitan el ejercicio de la ciudadanía cultural. No nos conformamos con medidas orientadas a volver más “culto”, higiénico y amable al ciudadano.

Por todo lo anterior, la discusión hoy en día debe centrarse en cómo lograr la sustentabilidad de las políticas culturales en el tiempo, en evaluar y corregir lineamientos, fortalecer la institucionalidad, y promover no solamente el acceso, sino también la producción cultural ciudadana, llevando a cabo transformaciones más profundas y debates más audaces.

Fortaleciendo las instituciones culturales

El primer gobierno del Frente Amplio marcó un antes y un después. En primer lugar, se creó la DNC para que existiera un órgano encargado específicamente de las políticas culturales. Se comenzó a promover la producción a través de fondos concursables, fondos de estímulo a la formación y creación artística y fondos de incentivo cultural, con un fuerte impacto en el territorio. Se desplegaron infraestructuras culturales en todo el país con fondos específicos para su desarrollo. Se promovió la industria cultural nacional, con un Departamento de Industrias Creativas (DICREA). Se promulgaron leyes fundamentales y largamente esperadas: para la seguridad social de los artistas y su reconocimiento como trabajadores, y para la protección y fomento de instituciones postergadas en el pasado como los archivos, museos y bibliotecas. Sabemos, de todos modos, que no es suficiente con que las leyes existan; hace falta un mayor esfuerzo por ejecutarlas y hacerlas cumplir.

Se recuperaron instituciones históricas abandonadas por años, como el Complejo Adela Reta del SODRE en Montevideo, e importantes infraestructuras en el interior. Y se apostó por una renovación, con la creación del Espacio de Arte Contemporáneo, el Museo Figari, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y el Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay.

Además, los procesos para acceder a estos espacios que el Estado pone a disposición para la producción cultural, se abrieron a la ciudadanía. Y aunque a Lacalle le parezca que solamente se apoya a la “cultura compañera”, a lo mejor le interesaría enterarse de que en la actualidad, a diferencia de las épocas de blancos y colorados, existen asignaciones por concurso, limpio y llano.

Como bien dice Lacalle, históricamente ha existido una tensión cultural Montevideo – Interior, donde la capital ha hegemonizado gran parte de la multiculturalidad del país. Pero hoy en día, viendo los resultados de algunas políticas culturales territoriales que implementó la DNC en coordinación con todas las intendencias, comienza a resignificarse y a romperse esta hegemonía. Se crearon espacios nuevos e inclusivos para dar soporte a una pluralidad de expresiones culturales en todo el país, como los 123 Centros MEC, las 11 Usinas de Cultura y las 25 Fábricas de Cultura, donde participa población en situación de calle o presos, por citar dos ejemplos.

El Ir y sus énfasis programáticos para renovar las políticas culturales

Cada una de estas leyes y políticas marcó un salto cualitativo enorme con respecto a los gobiernos anteriores, pero todavía falta mucho por delante. En breve vamos a estar publicando en nuestra web los énfasis programáticos del Ir, incluyendo los de cultura. Nos gustaría adelantar aquí algunas de las ideas que nos guían.

Debemos terminar con el concepto de la cultura como adorno o “gente que hace espectáculos” y consolidar el concepto de cultura como derecho humano. La cultura debe tener antes que nada un fin social, primando el bien común por sobre el interés privado. Este es nuestro sesgo, nuestra opción política. Mientras que las propuestas de la derecha hacen énfasis sobre todo en el acceso y en “fortalecer la capacidad de apreciar y elegir”, con lo que estamos de acuerdo, nosotros queremos también más capacidad social de apropiación, transformación y producción de bienes culturales. En este sentido, proponemos dar continuidad al proceso de construcción de la ciudadanía cultural.

Asimismo, proponemos reformar algunos de los aspectos legales que restringen el acceso a los bienes culturales y supeditan la cultura al concepto de propiedad privada. Es necesario reformar la ley de propiedad intelectual, legalizando los usos y copias de obras con fines educativos, así como las copias personales y el intercambio de archivos sin ánimo de lucro. Las acciones de las personas para ejercer sus derechos a la cultura y la educación bajo ningún concepto deben considerarse delitos penales.

Además de la legislación, la arquitectura de las instituciones debe seguir adaptándose a los cambios de la sociedad, en contacto directo con los protagonistas. Si no ocurre de esta manera, se generarán rigideces instrumentales en la aplicación de ciertas políticas culturales, por ejemplo, las que se desarrollan en el territorio. Creemos que hay una enorme dispersión y una superposición de instituciones que deberían ordenarse con más coherencia. Se precisa una mayor participación de los distintos protagonistas del ámbito cultural tanto en el planeamiento como en la puesta en práctica de las políticas culturales. El próximo gobierno debe convocar a un debate nacional con gran participación popular, para ir hacia la creación de un Sistema Nacional de Cultura.

Debemos continuar fortaleciendo los vínculos culturales con otros países, en especial con América Latina, promoviendo el reconocimiento de las culturas locales, regionales y de fronteras.

Finalmente, es necesario aprovechar las nuevas tecnologías de una manera inteligente. La comunicación, promoción y mediación cultural a través de Internet debe usarse para complementar el trabajo en el territorio y facilitar la colaboración, y no solamente para difundir eventos, como plantea Lacalle.

Por todo lo hecho, y por lo que falta hacer, debemos evitar la fácil tentación en la que caen Lacalle y su programa con eso de que “la cultura es todo”. Si “la cultura es todo”, entonces en los hechos la cultura es nada.

Frente a las propuestas de Lacalle nos encontramos, como siempre que se leen las iluminadas propuestas de la derecha, con la reinvención de la pólvora: un programa para hacer lo ya hecho y crear lo ya existente (por los gobiernos del FA y nunca por sus antecesores blancos y colorados). Estas propuestas iluminadas vienen adornadas con una serie de lugares comunes y discursos genéricos de lo que “debe ser” con los que nadie en su sano juicio estaría en desacuerdo. ¿Por qué, entonces, nos hemos tomado el trabajo de analizar y responder algunas de las ideas “por la positiva” de Lacalle? Porque percibimos los matices que caracterizan a la derecha moderna y aggiornada detrás de la cual se esconden los instintos más reaccionarios.

Lo que en verdad hace falta, lo que nosotros proponemos, es identificar problemas reales, llegar a acuerdos programáticos e implementar acciones concretas. De esto, y no de otra cosa, se trata una agenda transformadora en materia de políticas culturales.

 

1. Ver: Informe de Gestión marzo 2005-setiembre 2009. Dirección Nacional de Cultura, MEC. En: http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/v/1790/8/mecweb/indicadores?leftmenuid=1790

Derechos culturales y derecho de autor: discutamos en serio

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La extensión se incorpora sin debate previo en el artículo 218 del proyecto, el cual eleva en 20 años el dominio privado sobre las obras culturales. De esta manera, se restringe el acceso libre de la sociedad a las mismas, se dificultan y encarecen las actividades culturales y se ponen trabas a los usos educativos del patrimonio cultural.

Dado que en general los titulares de las obras no son los autores ni los intérpretes sino las empresas editoras y productoras de carácter fuertemente concentrado, hay buenas razones para pensar que los verdaderos beneficiados de una medida como la propuesta no serán los creadores. A esto se suma que, en el caso de los autores, se trata de una extensión del plazo del monopolio que ocurre luego de la muerte de los mismos.

La legislación sobre derechos de autor es de enorme importancia para el país, dado que impacta en el derecho de acceso a la cultura, en la circulación del conocimiento y en su distribución social. Una cuestión de esta magnitud merece ser tratada ampliamente y a la luz del día, en un debate público que incluya a los distintos intereses involucrados. Estos intereses incluyen no solo a las entidades de gestión de derechos y a las cámaras empresarias, sino también al vasto y diverso ámbito de los creadores, a las instituciones culturales y educativas y al conjunto de la ciudadanía.

El respeto por los derechos de los creadores debe ejercerse asegurándoles una retribución económica justa como medio de vida por su producción, cuestión que históricamente ha sido dejada de lado por el Estado uruguayo y que los gobiernos del Frente Amplio han comenzado a revertir con el Estatuto del artista y oficios conexos (Ley 18.384) y otras medidas que tienden a profesionalizar el trabajo artístico. Creemos que es mejor profundizar este tipo de medidas, en lugar de imponer restricciones severas al acceso a la cultura.

En el Ir estamos comprometidos con promover una sociedad del conocimiento democrática y participativa. Creemos que el Frente Amplio, como fuerza política de izquierda, debe cuestionar las visiones hegemónicas sobre la propiedad del conocimiento, las cuales alientan una privatización cada día más amplia de los bienes comunes. Estamos convencidos de que la creatividad y el disfrute cultural de las nuevas generaciones no deben restringirse ni reprimirse, sino alentarse por todos los medios posibles, y que esto no necesariamente entra en contradicción con los derechos económicos y morales de los artistas y trabajadores culturales, que incluyen el derecho a un nivel de vida digno y a ser reconocidos por el aporte que realizan a la sociedad.

Le pedimos al Frente Amplio y a nuestros representantes que no voten el artículo 218 de la Rendición de Cuentas y proponemos al  Ministerio de Educación y Cultura la realización de un debate amplio, inclusivo y participativo sobre los derechos de autor.